Una familia de El Turro (Granada) puede verse en la calle por la negativa de Caja Rural a concederle un alquiler social

El desahucio, promovido por esta Entidad Bancaria a través del juzgado de instrucción Nº 2 de Loja, esta fijado para el día 16 -lunes- de septiembre a las 11 de la mañana en la calle Eras  Nº 20 de la localidad mencionada: El Turro. El calvario de esta familia, J. Francisco, Mª Angustias y sus dos hijos -uno de ellos menor de edad, 15 años- comienza en el año 2002 cuando deciden hacer obras de rehabilitación de su vivienda; una casa muy antigua y deteriorada que habían comprado en el año 1989 por un millón de las antiguas pesetas. Con la madre de J. Francisco como avalista -una señora mayor que también vive en el pueblo-, Caja Rural les concede un préstamo de 48.000 € para las mencionadas reformas -en los recibos de las cuotas consta: «préstamo para rehabilitación de vivienda»-. Con la llegada de la «famosa crisis», el padre de familia se queda en paro -trabajaba de albañil- y comienzan sus dificultades para pagar el préstamo. Para poder sobrevivir tiran de préstamos personales, que el banco les concede, hasta un total de 9.000 €. En el 2014, sufren una ejecución hipotecaria y pierden la vivienda. Con el apoyo del alcalde de la localidad, Juan Miguel Garrido, de IU, y de su abogado de oficio inician una angustiosa negociación con Caja Rural para que se les conceda un alquiler social.

Durante este tiempo, han pasado por varios episodios, como la paralización de un primer desahucio en el año 2017 y, actualmente, padecen la angustia de verse en la calle. Cuentan con el apoyo de su alcalde -acaba de lanzar un bando pidiendo la solidaridad de los vecinos -, el de Stop Desahucios y el de todas aquellas personas que quieran acudir el lunes al Turro a intentar parar este atropello. Temen, así mismo, por la vivienda de la abuela, aunque cuentan con la palabra de Caja Rural de que no van a tocarla, pero nada hay por escrito.

El último intento realizado para que se suspenda este lanzamiento ha sido el recurso presentado en julio por su abogado de oficio. Se solicitaba una moratoria -suspensión por dos años- en base a la existencia de un menor en la familia. El juzgado lo rechaza siguiendo las alegaciones de la entidad bancaria que no considera que esta familia tenga el perfil que marca el Real Decreto para ayudar a los deudores con dificultades, que el préstamo concedido era para pagos de deudas, y que las cuotas del préstamo no superaban el 50% de los ingresos de la unidad familiar. Estos ingresos se reducen a una pensión por minusvalía -padece una enfermedad grave- del padre de familia de 835 €.