Denuncian graves deficiencias ambientales y urbanísticas en el proyecto del complejo “Molino de Cantarranas” en Tielmes

La Plataforma Ecologista Madrileña, formada por la Asociación Ecologista del Jarama (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura , ha presentado alegaciones a la solicitud de calificación urbanística promovida por Corty Bennet SL ante el Ayuntamiento de Tielmes, para reabrir como complejo hotelero, de restauración y eventos el antiguo hotel Molino de Cantarranas, ubicado en Tielmes (Madrid). Mediante la tramitación de la calificación urbanística, el promotor, pretende legalizar el conjunto que lleva cerrado desde 2012. En la fase anterior de funcionamiento, en manos del grupo Trome SA, propietario de los hoteles Foxa, se incurrió en graves irregularidades urbanísticas y daños medioambientales.

El colectivo ecologista alerta de que el nuevo proyecto no subsana las anteriores deficiencias y es incompatible con la normativa urbanística vigente y con la protección ambiental de la zona, y que no se aporta información suficiente para una evaluación rigurosa de los impactos.

El complejo hotelero, levantado sobre lo que fue un antiguo molino harinero, se localiza en una isla formada por el río Tajuña y el antiguo caz que suministraba agua al molino. La finca Molino de Cantarranas tiene una superficie superior a los 28.000 metros cuadrados, de los cuales el 89% está dentro de la Zona Especial de Conservación (ZEC) «Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid» , espacio protegido de la Red Natura 2000. Tras el estudio del proyecto realizado por la Plataforma Ecologista Madrileña, se concluye que los usos propuestos (hostelería, restauración y celebración de eventos) no están permitidos ni en el planeamiento urbanístico ni en la normativa ambiental que rige la ZEC.

Además, el proyecto presentado minimiza el riesgo real de inundaciones , a pesar de que la finca se encuentra en zona inundable según la cartografía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además varias edificaciones del complejo están por debajo de la cota de seguridad y afectadas por la zona de flujo preferente (alta probabilidad de inundación con un período de retorno de 100 años), lo que incrementa el riesgo para personas e infraestructuras.

Otro de los aspectos más críticos es la gestión de las aguas residuales. El proyecto contempla una fosa séptica, pero no se ofrece información clave sobre su ubicación, capacidad o mantenimiento, a pesar de situarse en un entorno fluvial frágil y con nivel freático alto. Tampoco se aclara cómo se tratarán las aguas de la lavandería o las procedentes de la celebración de grandes eventos.

En materia de accesos, el proyecto tampoco se adapta a las condiciones exigidas por la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid , que desestima el acceso actual, por la carretera M-204 y recomienda una entrada alternativa por la carretera local M-228. Sin embargo, este punto no figura entre las necesidades del proyecto, y el acceso sur propuesto afectaría a varias vías peculiares ya la Vía Verde del Tajuña, sin que se analicen sus impactos.

Las alegaciones de la Plataforma Ecologista Madrileña también destacan la falta de medidas para mitigar la contaminación acústica y lumínica derivada de eventos al aire libre, así como la ausencia de estrategias frente al riesgo de incendio, que es moderado o alto según los mapas de riesgo forestal. Igualmente, se denuncia la presencia de especies vegetales invasoras no contempladas en las actuaciones .

Asimismo, se critica que parte de las instalaciones a rehabilitar —como las cabañas de madera— fueron previamente desmontadas por carecer de autorización y que no se detalla si se mantendrá una carpa existente para eventos. No se ha evaluado el impacto de ninguna de estas instalaciones.

En definitiva, los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, el GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura que forman la Plataforma Ecologista Madrileña consideran que el proyecto no reúne las condiciones para ser aprobado , y que tanto el estudio como la documentación urbanística adolecen de graves omisiones e imprecisiones que impiden valorar adecuadamente sus efectos . Por ello, solicitan la paralización del procedimiento hasta que el promotor aporte una documentación completa y ajustada a la normativa vigente.