Compromís: «El PP plantea una ley del suelo que deja a la ciudadanía desprotegida ante el cambio climático y los intereses del mercado»

Compromís ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley del suelo presentada por el Partido Popular en Les Corts Valencianes. «Esta ley no ordena el territorio ni protege a la gente, expone a la ciudadanía a riesgos futuros que sufriremos en el País Valencià y por eso en Compromís consideramos que estamos ante una política absurda que expone a la gente al riesgo en lugar de protegerla», ha manifestado la portavoz adjunta y de Medio Ambiente en las Cortes Valencianas, Paula Espinosa.

«Hemos presentado alegaciones al anteproyecto de la Ley del Suelo, impulsado por el Partido Popular, porque consideramos que es una norma que altera los elementos nucleares de cualquier sistema urbanístico y de ordenación territorial. Esta ley ignora el contexto de emergencia climática que vivimos e ignora las obligaciones públicas de controlar el mercado y la garantía del derecho de una vivienda digna y asequible», ha apuntado Espinosa.

La diputada ha explicado que la ley impulsada por el Partido Popular demuestra que Carlos Mazón y Juanfran Pérez Llorca defienden los mismos intereses buscando provocar un cambio de paradigma urbanístico que desplaza a la administración en el control del suelo y antepone los intereses privados sobre las políticas urbanísticas: «No entendemos como después de haber sufrido una DANA,  después de una terrible crisis habitacional, cómo es posible que el modelo de don Pérez Llorca se pare tanto al modelo de Carlos Mazón, un modelo especulativo en toda su profundidad. Está dando barra libre a un modelo territorial al servicio de los intereses privados y no afronta de manera seria los retos del cambio climático».

La futura ley concebida por el PP elimina controles clave e informes preceptivos que eran una garantía de seguridad territorial y ambiental. Además, facilita la construcción en suelo no urbanizable y convierte instrumentos excepcionales en vías ordinarias de transformación del territorio (PIA y DIC), debilita el planeamiento urbanístico municipales y la capacidad de los ayuntamientos para defender su modelo de ciudad. De la misma forma, abandona la concepción preventiva del riesgo a la hora de acondicionar usos del suelo e incluso descarta la posibilidad de reubicar áreas urbanas en riesgo de inundación en otras zonas no inundables, a pesar de la DANA sufrida en 2024. 

«Esta ley elimina controles claves, elimina informes preceptivos que eran garantía de seguridad territorial y ambiental, facilita la construcción en suelo no urbanizable, convierte instrumentos que antes eran excepcionales en vías ordinarias de transformación territorial. Y en última instancia lo que hace es debilitar la capacidad de los ayuntamientos para defender sus propios modelos de ciudad. Todo esto se hace en medio de una emergencia climática, ignora completamente las lecciones que deberían haberse aprendido de la DANA y en lugar de reforzar la prevención y la precaución ante el riesgo el Consejo reduce garantías», ha destacado Espinos .

Perpetuación de la especulación

Espinosa ha señalado además que la ley no contempla crear mecanismos que garanticen el derecho de vivienda digna y asequible, con el que se persigue perpetuar un urbanismo que responde a un modelo de inversión, de segunda residencia o de usos especulativos del litoral.

Por su parte, la diputada ha denunciado que los plazos para alegar no han garantizado suficiente tiempo para poder garantizar una deliberación social adecuada. Además, la apuesta de Juanfran Pérez Llorca acaba con la perspectiva de género a la hora de planificar los espacios urbanos, iniciativa con la que la Comunidad Valenciana fue pionera, y abandona las políticas de reutilización y regeneración de suelo.