IU busca sacar adelante este miércoles en el Congreso un Comisionado para la Migración Temporera en Huelva que coordine a todas las administraciones y acabe con su grave situación

Lunes, 13 de abril 2026.

Izquierda Unida lleva el próximo miércoles al Congreso para su aprobación una iniciativa parlamentaria en la que, entre otras cuestiones, plantea la constitución de un “Comisionado para la Migración Temporera en Huelva”. Entre sus cometidos estarían “trabajar en soluciones habitacionales sostenibles (construcción de viviendas dignas y accesibles para trabajadores agrícolas), regularización laboral (implementar políticas que garanticen el acceso a contratos justos), Seguridad Social y derechos básicos, (programas específicos para mujeres y niños) y proporcionar atención prioritaria a los colectivos más vulnerables”.

Además, debe “poner solución a la negativa de ciertos ayuntamientos a empadronar a personas migrantes”, junto a la elaboración de “campañas de sensibilización ante esta realidad, así como proyectos específicos a desarrollar en los centros educativos, asociaciones y población en general de las zonas afectadas que faciliten la integración y la convivencia entre la población migrante y la autóctona”.

La proposición no de ley se debate en la Comisión de Política Territorial de la Cámara Baja. Ha sido elaborada desde IU con la colaboración sobre el terreno de IU Huelva, cuyo coordinador provincial, Marcos Toti, acudirá a Madrid para seguir el debate. Va firmada por sus diputados Francisco Sierra -encargado de defenderla-, Toni Valero y Enrique Santiago, coordinador general de IU Andalucía y portavoz parlamentario, respectivamente.

El texto plantea también “intervenir con carácter urgente en los asentamientos más deteriorados por la falta de servicios como la recogida de basura, mientras se crea y se materializa la solución definitiva que establezca el Comisionado para la migración temporera en Huelva”.

Reclama también “garantizar, en colaboración con la Diputación de Huelva, el suministro de agua potable a los distintos asentamientos”.

Izquierda Unida incide en que solucionar esta “penosa situación” pasa por “implicar a todas las administraciones”. De ahí que destaque que “todas tienen competencias en algunas de las medidas que hay que tomar, por lo que es imprescindible crear el Comisionado para que coordine las acciones que deben llevar a cabo organizaciones sociales, ayuntamientos, mancomunidades, Diputación de Huelva, Junta de Andalucía, Gobierno de España y Unión Europea”.

La proposición de ley que IU lleva a debate a través de su Grupo Plurinacional Sumar cita el Informe Frontera Sur 2025, elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), así como otros documentos de las distintas ONG que trabajan en el ámbito de la solidaridad y la migración, todos ellos coincidentes con las organizaciones políticas que componen el grupo en “la necesidad de abordar de una vez por todas las nefastas condiciones de vida que sufren unas 5.000 personas en la provincia de Huelva y las vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la agricultura intensiva”.

El texto destaca también en que “la mayoría de los ayuntamientos de los municipios donde se ubican estos asentamientos se niegan a empadronar a estas personas, privando a parte de los residentes de servicios esenciales y derechos como el acceso a la sanidad, educación y ayudas sociales”. Además, las mujeres “enfrentan una situación especialmente grave, ya que muchas son contratadas en origen bajo criterios discriminatorios y, en algunos casos, han denunciado abusos laborales y sexuales”.

Huelva es un pilar clave de la agroindustria española, con 11.000 hectáreas dedicadas al cultivo de frutos rojos, que representan el 93% de la producción nacional. Por ejemplo, en 2023 este sector generó 346.250 toneladas (el 86% para la exportación) y facturó 1.163 millones de euros. “Sin embargo -advierte la iniciativa-, el éxito económico contrasta con la precariedad en que viven miles de trabajadores migrantes que hacen posible este modelo productivo”.

Actuaciones que no han cumplido las expectativas

De hecho, en la provincia de Huelva “el 68% de trabajadoras y trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social están vinculados al sector agrícola, aunque esta cifra excluye a personas sin contrato laboral, muchas en situación irregular”. Datos estimativos establecen que “unas 5.000 personas residen en asentamientos informales distribuidos por municipios como Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y la mancomunidad de Mazagón”.

En los últimos años se ha presentado y anunciado el desarrollo con mayor o menor fortuna de actuaciones como el Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales e infraviviendas y la inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía conformados por población inmigrante (Plan EASEN) de la Junta de Andalucía o un acuerdo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la propia Junta, en relación al espacio natural de Doñana, que incluía 32 millones de euros para “mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de las personas temporeras agrícolas y otros colectivos en situación de vulnerabilidad” de la zona.

“A pesar de estas iniciativas anunciadas por las distintas instituciones, este grupo parlamentario ha constatado in situ que en los asentamientos de temporeros en Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera se sigue sin cumplir las condiciones propias de una vida digna en lo referente a salubridad y habitabilidad”, indica el texto en el momento de su redacción.

Las derechas siguen queriendo inflar la burbuja mediática de la "avalancha de migrantes ilegales", aunque la migración irregular haya bajado un 50% este año según Interior.

Que la realidad no les arruine el relato.

Viva la regularización extraordinaria.

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— Izquierda Unida🔻🇵🇸 (@IzquierdaUnida) April 10, 2026