Denuncian que Jorge Azcón vuelve a usar el presupuesto público para beneficiar a sus amigos en Aragón

Esta semana se ha vuelto a confirmar que el gobierno de Jorge Azcón va a concertar el bachillerato a partir del curso que viene. 2,7 millones de euros va a costar empezar a concertar primero de bachillerato; un dinero, y mucho más, que buena falta hace en la escuela pública. Esta decisión no responde a ninguna necesidad educativa sino que, al igual que la existencia de la propia educación concertada, surge de cuestiones ideológicas y económicas. Cuestiones ideológicas puesto que el PP entiende la educación como un negocio y no como un derecho, y económicas porque a quién más favorece esta medida no es a las familias, sino a los propietarios de los centros privados-concertados. La innecesaridad de los conciertos se evidencia claramente en que se cierran una treintena de vías anualmente en la red pública y que en las aulas de bachillerato de los centros públicos hay unas 2000 plazas desiertas.

No se nos puede escapar que el principal propietario de centros educativos privados es la Iglesia Católica, esa que siempre ha deseado, y en muchas ocasiones conseguido, controlar la educación en España. 

Como siempre, la consejera de educación ha sacado la excusa de la defensa de la libertad de educación. Ya sabemos, la libertad de que el Estado pague una educación mayoritariamente elitista y socialmente segregada a aquellos padres que no quieren que sus hijos se junten con niños y niñas de origen extranjero o con pocos recursos. 

Ha llegado a decir Tomasa Hernández que “no es justo que haya alumnos que tengan que abandonar el centro por motivos enconómicos”. Suponemos que la exclusión que practican los centros concertados de alumnado con bajos recursos mediante la imposición de cuotas encubiertas e ilegales, sí le parece justo. Suponemos, también, que la falta de mantenimiento de los centros públicos, que no se estén cubriendo muchas bajas, que no haya fondos para el alumnado que no puede ni pagar una mísera excursión, etc., todo eso sí le parece justo. 

Para quién no se haya enterado ya, esto no va de justicia. Esto va de utilizar, otra vez, los recursos públicos para favorecer a las élites, para destinarlos a quienes menos lo necesitan y quitárselos a aquellas personas que sí necesitan apoyo. Pero tampoco es algo que sorprenda. Recordemos que desde el ayuntamiento de Zaragoza ya han estado dando ayudas exclusivas para alumnado de la escuela concertada, ayudas que han sido declaradas como discriminatorias por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Este gobierno recorta inversiones en la escuela pública al mismo tiempo que se encarga de que cada vez llegue más financiación a centros concertados, mayoritariamente católicos y con proyectos educativos segregadores. Mientras faltan recursos para mantenimiento, reducción de ratios, refuerzo educativo y atención a la diversidad en los institutos públicos, el Ejecutivo de Azcón prefiere subvencionar con dinero público lo que antes pagaban directamente las familias. Eso no es ayudar a las familias; es trasladar el gasto público de la red estatal a la privada.

Aunque no se diga, todo el mundo sabe que la educación concertada es un modelo segregador y elitista, de selección encubierta: centros que pueden elegir alumnado, que aplican criterios de admisión opacos y que, en la práctica, expulsan o desvían hacia la pública a quienes presentan mayores dificultades económicas, de aprendizaje o de diversidad funcional. Apostar por su expansión en el bachillerato es apostar por una escuela clasista, donde la mezcla social y la igualdad de oportunidades son inexistentes.

Desde el PCE en Aragón defendemos que el bachillerato, al igual que el resto de niveles obligatorios y postobligatorios, debe ser íntegramente público y gratuito. 

No más conciertos. No más dinero público para centros que segregan, seleccionan y adoctrinan.