El Tribunal Supremo confirma la sentencia pionera de As Conchas por vulneración de derechos fundamentales ante la contaminación por ganadería industrial

El Tribunal Supremo inadmitió ayer los recursos de casación presentados en verano de 2025 por la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil contra la sentencia del Tribunal de Xustiza (TSJ) de Galicia del pasado mes de julio de 2025 relativa a la contaminación del embalse de As Conchas y el río Limia debido a las explotaciones de ganadería industrial. 

La sentencia del TSJ queda ahora firme y ejecutable, y confirma que la inacción de las autoridades ante la contaminación del embalse de As Conchas y el río Limia derivada de las explotaciones de ganadería industrial vulneró los derechos fundamentales de la población. Entre ellos, el derecho a la vida y a la integridad, al domicilio y a la vida privada, a la propiedad y al agua.  

Su firmeza obliga a las autoridades competentes a establecer de manera efectiva las medidas necesarias para poner fin a la degradación del embalse y sus alrededores y restaurar los derechos vulnerados. Esta decisión consolida la sentencia pionera del TSJ de Galicia: la protección de los derechos fundamentales debe prevalecer cuando los impactos de la ganadería industrial ponen en riesgo la vida de las personas, su salud y el medio ambiente.

La providencia del Tribunal Supremo añade, además, que la convicción alcanzada por la sentencia se sustenta en numerosa documentación y bases científicas donde expone que “la contaminación por nitratos y la eutrofización del embalse de As Conchas, por encima de umbrales de la Organización Mundial de la Salud, y el riesgo alto para usos recreativos, así como la afectación a abastecimientos, genera un riesgo cierto para la vida y la integridad, perturba gravemente el domicilio y la vida privada, y menoscaba igualmente la propiedad y el derecho al agua”.

Las personas demandantes y las organizaciones que apoyan el caso, Amigas de la Tierra, ClientEarth y la Federación de Consumidores y Usuarios, CECU, celebran la decisión judicial y la victoria definitiva que representa. Asimismo, subrayan la necesidad de seguir defendiendo los derechos fundamentales ante la contaminación por ganadería industrial.

Mercedes Álvarez de León, demandante en el caso, declara: “Hoy es un día histórico, no solo para las vecinas y vecinos de As Conchas, sino para todas las personas que están luchando para defender sus derechos, mientras las administraciones hacen oídos sordos a sus demandas y a la contaminación. Por mucho que lo intenten está claro que tendrán que acatar la sentencia y devolvernos un medio ambiente limpio. Queremos que otras personas y movimientos vean nuestra victoria como una luz de esperanza, que luchen y que nunca se rindan, porque, aunque las batallas parezcan perdidas, ahora vemos que es posible ganarlas”.

Pablo Álvarez Veloso, presidente de la asociación de vecinos local y demandante en el caso, señala: “La justicia, una vez más, nos da la razón. Tras años de lucha para defender nuestro embalse, un embalse que debería ser patrimonio de toda la población gallega, el Tribunal Supremo deja claro que las administraciones deben velar por los derechos humanos. Hoy lo celebramos con emoción y con orgullo. Esta decisión refuerza que los derechos fundamentales van primero. Primero la salud. Primero el agua limpia. Primero una vida digna en nuestros pueblos”.

Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra, afirma: “la confirmación de la sentencia envía un mensaje muy claro: es el momento de que las administraciones velen por los derechos fundamentales de su población y restauren el Embalse de As Conchas. Este reconocimiento de vulneración de los derechos humanos es un hito histórico y esperamos que esta sentencia infunda esperanza a muchas personas y comunidades en situaciones similares, que sepan que nuestra salud y la naturaleza están por encima de los intereses de unos pocos. Vamos a seguir ganando batallas frente a la ganadería industrial”.

Nieves Noval, líder de equipo de sistemas alimentarios de ClientEarth señala “con la inadmisión del recurso, los derechos fundamentales de las habitantes de As Conchas quedan confirmados y deben hacerse efectivos sin demora. La Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil deben inmediatamente proceder a ejecutar la sentencia para que estos derechos se traduzcan por fin en una vida digna para las comunidades afectadas.”

David Sánchez, director de la Federación de Consumidores y Usuarios añade: “Celebramos que la sentencia sea firme, y exigimos a la Xunta y a la Confederación que la ejecute sin más dilaciones. Es urgente restaurar la zona y que la población pueda disfrutar de su derecho al agua. Esperamos también que la sentencia marque un precedente para que en ninguna otra zona sufran la situación de las vecinas de As Conchas.

Antecedentes. El caso As Conchas: 

• El pasado 11 de julio de 2025 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó una sentencia histórica en el caso de la contaminación del embalse de As Conchas y el río Limia, en la comarca de A Limia (Ourense).
• La sentencia concluyó que las autoridades estatales y autonómicas vulneraban los derechos fundamentales de los residentes, según la Constitución Española y la legislación europea de derechos humanos, al no actuar frente a la contaminación generada por cientos de explotaciones porcinas y avícolas.  
• El fallo obligaba a las autoridades competentes a tomar medidas efectivas para poner fin a la contaminación con las herramientas necesarias para poner fin a la contaminación del embalse de As Conchas y la comarca de A Limia y la Baixa Limia, y restaurar el derecho a la vida, la salud y el disfrute del entorno de la población afectada.
• En agosto de 2025, la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil presentaron recursos de casación ante el Tribunal Supremo, buscando anular la sentencia.
• El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos, confirmando la sentencia del TSJ de Galicia y dejando la resolución firme y ejecutable. Esta decisión consolida un precedente pionero en la defensa de los derechos fundamentales frente a los impactos de la ganadería industrial.