Concentración en Madrid contra la ampliación del Puerto de València

Activistas de la plataforma ciudadana Comissió Ciutat-Port, de la que forma parte Ecologistas en Acción, se han concentrado frente al Real Casino de Madrid, lugar en el que estaba desarrollándose un encuentro empresarial al cual han asistido la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el President de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, así como la presidenta de la Autoridad Portuaria de València y empresarios navieros con intereses en el Puerto de València.

Las activistas han mostrado una pancarta en la que podía leerse: “No a la ampliación del Puerto de València”. Mediante esta concentración, han mostrado su rechazo a esta ampliación portuaria y se han posicionado contrarios a “las injerencias interesadas de terceros actores”.

En respuesta a las reiteradas declaraciones de los políticos asistentes al encuentro, que afirman que “el Puerto de València es el puerto de Madrid”, los manifestantes ecologistas exigen “una participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones y el gobierno del Puerto de València, priorizando los intereses y la voluntad de las vecinas y vecinos de la ciudad”.

En declaraciones a los medios que se han presentado en el lugar, Francesc Herrera, miembro de la Comissió Ciutat-Port, ha afirmado: “Ni el patrimonio natural del pueblo valenciano, sus playas, su Albufera y su huerta, ni la salud de la ciudadanía pueden estar supeditados a los intereses económicos de una gran multinacional como MSC con sede fiscal en Suiza”. Por su parte, Jorge Fernández, miembro de València Saludable y la Comissió, ha recordado “el progresivo encarecimiento del proyecto, recientemente incrementado un 22%, superando ya los 660 millones de euros y todo ello en un Puerto en constante pérdida de tráfico: solo en el último año, el descenso ha sido del 11% según datos de la propia Autoridad Portuaria”.

Herrera ha añadido: “Es más, a este gasto público habrá que añadirle el correspondiente desembolso para construir nuevas infraestructuras de acceso, que también se costeará con fondos públicos. Una desmesura de gasto público para un proyecto completamente desfasado de la realidad actual, ignorando la situación mundial del mercado logístico y con graves impactos medioambientales. Un traje a medida para MSC que nos sale muy caro y que, tal como denuncian trabajadores del sector, destruirá más de 500 puestos de trabajo debido a la automatización total de la nueva terminal”.

Para estos activistas resulta sorprendente la “obstinación“ de las diversas administraciones implicadas en continuar impulsando un proyecto que está “bajo la lupa de los tribunales” debido a las diferentes causas judiciales promovidas por la plataforma ciudadana que se encuentran en marcha.

Entre estas, hay que destacar la suspensión cautelar de una Resolución del MITECO que permitía a la Autoridad Portuaria de València ser juez y parte, siendo esta a la vez promotora de la ampliación y encargada de velar por la protección medioambiental. El TSJ de Madrid examina a día de hoy quién debe decidir si es necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental y por ahora la pelota ha vuelto al tejado del ministerio.

El proyecto, que lleva esperando a ser aprobado en el Consejo de Ministros desde enero del presente año, cuenta con un estudio ambiental realizado en 2007 que a ojos de los ecologistas y diversos partidos de izquierda ya no es válido por haber caducado y el proyecto haber sufrido importantes modificaciones, “la Declaración de Impacto Ambiental amparaba otro proyecto, no este”, afirman.

Esta plataforma ciudadana lleva años de lucha mostrando su preocupación por la “irresponsabilidad” en la que está incurriendo la Autoridad Portuaria de València, persiguiendo un proyecto “caduco y propio de las peores prácticas del siglo pasado, completamente contrario a lo necesario en el momento de crisis climática en el que nos encontramos”.

Paradigma del anacronismo y las malas prácticas es la reciente decisión del Puerto de València de suprimir las ruedas de prensa posteriores a las reuniones de su Consejo de Administración. “No se admiten preguntas”, toda una declaración de principios de la Autoridad Portuaria de València. “La transparencia y el derecho a la información brillan por su ausencia, para que luego hablen de la excelente relación puerto-ciudad” concluye José Vicente, miembro de la plataforma y de la asociación Marfull – Acció Ecologista Agró.

La voz de la Comissió Ciutat-Port es la de miles de personas que dicen “basta” a la injerencia de los intereses privados en la política local. Es la voz de la ciudadanía que exige una ciudad limpia, responsable y sostenible. La ciudadanía, por encima de los intereses privados, está amparada por el sentido común y por la razón como lo estuvo en anteriores ocasiones de la historia de los movimientos sociales valencianos. La ciudadanía valenciana no se deja agredir y recuperará el litoral de la capital como lo hizo con la dehesa del Saler, el cauce del Turia y tantas otras luchas justas.