La Mesa Social cree que la lucha contra el Covid-19 es una oportunidad para mejorar la gestión del agua

La Mesa Social del agua, de la que forma parte FACUA Andalucía, cree que la lucha colectiva contra el Covid-19 es una oportunidad para potenciar y mejorar los modelos de gestión del agua y el saneamiento, y considera urgente la puesta en marcha de la Ley andaluza de medidas frente al cambio climático, que muy oportunamente relaciona el Derecho Humano al Agua con el cambio climático y la salud de los ecosistemas acuáticos, de los que dependen la garantía y la calidad de los recursos.

Las organizaciones que la integran creen necesario avanzar en la legislación y garantizar por ley el acceso al menos a un mínimo vital, tal como hacen muchos operadores públicos andaluces como Emasesa, Emproacsa, Aguas de Cádiz, Giahsa, Medina Global o Emacsa.

El Covid-19 está teniendo en Andalucía un fuerte impacto sanitario, económico y social. El virus genera miedo e incertidumbre. Un antídoto a esta incertidumbre, sin duda, han sido los servicios públicos. Los servicios públicos de agua y saneamiento han sido una auténtica prevacuna, proporcionando a lo largo de estos meses a todos los hogares un agua sana y segura.

Naciones Unidas establece el acceso al agua potable y al saneamiento como derechos humanos. Por ello, todos los gobiernos e instituciones están obligados a garantizar el acceso universal a estos derechos, prestando especial atención a los grupos más vulnerables. El Covid-19 está aumentando exponencialmente el número de personas en situación de vulnerabilidad, por lo que es más necesario y urgente garantizar el acceso universal al agua, al saneamiento y a una higiene adecuada para frenar contagios y acabar con la pandemia.

Por todo ello, las organizaciones sociales agrupadas en la Mesa Social del agua creen que es urgente impulsar cambios normativos y legales para garantizar un mínimo vital.

Casi nadie ha cuestionado el acierto del Gobierno español al acompañar las duras medidas de confinamiento con el correspondiente escudo social, que incluía la prohibición de cortes de agua. Sin embargo, una vez pasado el confinamiento, el Gobierno cedió a las presiones de determinados sectores empresariales que exigen poder cortar el agua a quienes no paguen, aunque se trate de familias empobrecidas y en riesgo de exclusión.

En este sentido la Mesa Social del agua propone, tal como ya han solicitado más de 300 organizaciones de toda España, reactivar el escudo social con la prohibición de cortes de agua a familias en situación de pobreza (certificada en cada caso por los servicios sociales de los ayuntamientos). Además, la Mesa Social cree necesario avanzar en la legislación y garantizar por ley el acceso al menos a un mínimo vital, tal como hacen muchos operadores públicos andaluces como Emasesa, Emproacsa, Aguas de Cádiz, Giahsa, Medina Global o Emacsa, tanto en estos difíciles momentos como cuando consigamos superar la pandemia.

La Mesa Social señala que Andalucía es la única comunidad española que ya ha reconocido por ley el derecho humano al agua para garantizar un mínimo vital de suministro a las personas que carecen de recursos económicos para pagarlo. Ese derecho está recogido en una disposición adicional de la Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético, aprobada por el Parlamento andaluz hace ya dos años.

Sin embargo, pese a que la pandemia ha evidenciado su urgencia, aún no se ha desarrollado. En este sentido, la Mesa considera urgente la puesta en marcha de esta ley, que muy oportunamente relaciona el Derecho Humano al Agua con el cambio climático y la salud de los ecosistemas acuáticos, de los que dependen la garantía y la calidad de los recursos.

Pero la carencia de agua no solo amenaza en Andalucía a los que no la pueden pagar, sino a los que, aunque quieran pagarla, no tiene acceso a ella. En este caso están los miles de jornaleros inmigrantes que se hacinan sin ningún servicio en las infraviviendas de los territorios de la agricultura intensiva, para la que son imprescindibles.

Recientemente, la Relatoría de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento ha presentado el informe sobre los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua y saneamiento, en el que se señala sin ambigüedades que la mercantilización del agua supone riesgos relevantes para el disfrute de los derechos humanos al agua y saneamiento. Muestra que el carácter monopolístico del sector y las consiguientes limitaciones de los procedimientos de reglamentación pueden amenazar los derechos humanos. Lo mismo ocurre cuando las empresas tratan de maximizar los beneficios en sus actividades. Uno de los principales riesgos que se abordan en el informe es la exacerbación de la desigualdad y la discriminación en la prestación de servicios

La Mesa social cree que la lucha colectiva contra el Covid-19 es una oportunidad para potenciar y mejorar los modelos de gestión del agua y el saneamiento. Por ello, en el Día Internacional de los Derechos Humanos -que se celebra el 10 de diciembre-, las organizaciones que la integran lanzan un llamamiento al gobierno andaluz para que se hagan las modificaciones legales oportunas para asegurar la plena materialización del Derecho Humano al Agua en Andalucía.