Enrique Santiago reprocha al PP que en su propuesta para cambiar la ley sobre medios alternativos para solucionar conflictos desde la justicia “hay contenidos que no son razonables”

El diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha reprochado al Partido Popular en el Congreso que en su propuesta para modificar la ley que regula los medios alternativos de solución de conflictos a través del sistema judicial “hay contenidos que no son razonables” y que “no podemos aceptar que haya caos”.

Santiago ha intervenido como portavoz de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar en el debate en el Pleno para dar réplica a la propuesta de la derecha con el interminable nombre de ‘Proposición no de ley para la modificación urgente de la regulación de los medios alternativos de solución de conflictos en la justicia y el establecimiento de criterios unificados para todos los órganos judiciales‘.

Entre esos contenidos del texto del PP que no se pueden aceptar están “exceptuar los medios alternativos de solución de conflictos en casos de juicios de desahucios” o “transferir competencias del poder legislativo y ejecutivo a instituciones que no tienen capacidad normativa”.

⚖️♀️ La puesta en marcha de las secciones de violencia sobre la mujer del tribunal de instancia debe contar con medios y acompañamiento, como alertan las asociaciones feministas.

La eficiencia de la justicia no debe hacerse a costa de la desprotección de las mujeres. pic.twitter.com/buZf31HtNI

— Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) November 11, 2025

El portavoz de IU en el Congreso avisó a la bancada ‘popular que “creemos que hay problemas más importantes surgidos en el tránsito al nuevo modelo” que no se reflejan en su propuesta. Entre ellos están “los derivados del traslado de las competencias que antes ejercían los juzgado de violencia sobre la mujer a las ahora Secciones de Violencia sobre la Mujer de los tribunales de instancia, que comenzaron a funcionar en octubre”.

Recordó cómo las organizaciones feministas “han solicitado la urgente puesta en marcha de medidas imprescindibles de acompañamiento y de protección para evitar que la supresión de los juzgado de violencia y su concentración en las nuevas Secciones de Violencia sobre la Mujer en una capital de provincia supongan perjuicios para las mujeres víctimas, ya que tendrían que trasladarse a la capital y perderían el recurso de proximidad del órgano judicial que existía hasta ahora”.

“Es un obstáculo añadido -dijo- a la dificultad que por sí ya encuentran las mujeres víctimas de violencia para iniciar sus denuncias”, que supone “desincentivar la denuncia y una dificultad añadida en el acceso a la justicia”.

Enrique Santiago considera “imprescindible” que haya “grandes acuerdos para solventar estos problemas de aplicación de la nueva ley de eficiencia”, pero no solo de la forma en que los exige el PP.

Defendió un acceso a la justicia “distinto al ejercicio de la jurisdicción, fortaleciendo un servicio público y sostenible a través de la negociación entre las partes para la solución de controversias”, es decir, “mediante negociación, utilizando medios alternativos de solución para esas controversias”.

Recordó que existe un “amplio acuerdo” en que la justicia española “era poco ágil y estaba saturada”. De ahí que el “gran avance” de la ley de eficiencia es que “la justicia ya no va a ser impartida en cuestiones civiles y mercantiles exclusivamente por un poder judicial que resuelve confrontaciones entre particulares”.

Y es así porque “la ley lo que establece es un procedimiento previo al judicial de naturaleza ‘dialógica’, esto es, basada en el diálogo para la resolución barata, rápida y amistosa de conflictos directamente o a través de un árbitro”.

Diálogo en tiempos de crispación e insultos

Enrique Santiago valoró que “en tiempos de crispación, confrontación, insultos y defensa de soluciones simples, primitivas y poco científicas para problemas cada vez más complejos es una buena noticia resolver conflictos mediante un diálogo construido sobre la lógica y el conocimiento”.

Analizó que el “poco tiempo transcurrido” desde la aprobación de la norma “ha coincidido también con un cambio de la estructura de la planta judicial, el tránsito de juzgados de primera instancia e instrucción a tribunales de instancia”.

Esto carrea que sea “normal” el hecho de que “existan disfunciones y una disparidad de criterios sobre cómo aplicar la normativa innovadora de implantación de estos métodos, de estos medios alternativos de solución de controversias”.

Lamentó también que “falta formación en los profesionales y operadores jurídicos, un mayor conocimiento social sobre las ventajas de la cultura de la negociación de buena fe y de la utilidad de estos medios alternativos, en tiempos donde muchos actores políticos y sociales incentivan la confrontación y la crispación permanente en lugar del dialogo y del acuerdo”.