El Ministerio de Derechos Sociales se compromete a “tramitar lo antes posible” la ley de debida diligencia empresarial en derechos humanos y medioambientales

Defensoras de derechos humanos y medioambientales de Brasil y Guatemala participaron ayer en el evento “Regulación en debida diligencia en derechos humanos y ambientales” para debatir sobre la necesidad de una normativa que obligue a las empresas a prevenir, mitigar y reparar los impactos negativos de su actividad.

El encuentro, organizado por la Plataforma por las Empresas Responsables (PER), que promueve en España una ley de debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos y medioambientales, tuvo lugar en la Representación de la Unión Europea en Madrid y forma parte de la gira europea que las defensoras están haciendo para denunciar los abusos de algunas empresas internacionales.

En el acto participó también Lilith Verstrynge, secretaria de Estado para la Agenda 2030, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Dicho gabinete es el proponente de la ley española de Protección de los Derechos Humanos, de la Sostenibilidad y de la Diligencia Debida en las Actividades Empresariales Transnacionales.

El debate giró en torno a cómo una ley de debida diligencia podría minimizar eficazmente los impactos negativos de las empresas y proteger a personas defensoras de derechos humanos y medioambientales y promover la responsabilidad de las empresas.

Durante el debate, la defensora guatemalteca Francisca Pérez (nombre ficticio por razones de seguridad), y Danilo Chammas y Carolina de Moura, de Brasil, expusieron los perjuicios que padecen sus comunidades a causa de las malas prácticas y negligencias que grandes empresas europeas están llevando a cabo en sus territorios, y cómo en muchos casos están siendo criminalizados.

Las defensoras tuvieron la oportunidad de exponer sus casos a los asistentes, poniendo sobre la mesa cómo la ausencia de marcos regulatorios para las empresas, que las obliguen a asumir sus responsabilidades en la prevención, mitigación o reparación de cualquier vulneración de derechos en toda su cadena de valor, está permitiendo que muchas estén operando con total impunidad y que las víctimas no puedan acceder a la justicia ni a la reparación de los daños sufridos.

Lilith Verstrynge denunció “la impunidad con la que actúan muchas empresas internacionales”, especialmente en el Sur Global. La secretaria de Estado para la Agenda 2030 destacó la necesidad de que los Estados dispongan de “una normativa vinculante, no meras recomendaciones” de debida diligencia. “Nuestra intención es tramitar lo antes posible esta ley, por una cuestión moral y de respeto a los derechos humanos, pero también para que España sea vanguardia en esta cuestión”, añadió..

“No hay futuro empresarial sin respetar los límites medioambientales y los derechos humanos. Nuestras empresas también hacen política exterior: ¿queremos que representen a nuestro país vulnerando los derechos humanos y medioambientales o siendo bandera de ellos?”, planteó. “En el trabajo de elaboración de la ley hemos hablado con muchas empresas que comparten esa necesidad de que exista esta normativa. Esta ley es un paso más en el camino de avanzar hacia una nueva clase empresarial española, que no viva al margen de la sociedad, y cuya actividad contribuya al bien común”.

La activista Carolina de Moura narró la devastación provocada por las empresas mineras en Brasil, especialmente el caso de la ruptura de la presa de Brumadinho en 2019, que causó 272 muertes y desapariciones y un catastrófico vertido tóxico en la región. “Necesitamos urgentemente poner límites a las empresas en cada país, en la Unión Europea… Porque están destruyendo la posibilidad de vida en el planeta. Estas leyes [de debida diligencia] tienen que partir del principio claro de que existe un enorme desequilibrio de poder entre las empresas y la gente afectada. El argumento de que las empresas perderían competitividad no puede ser una excusa”, señaló. “Hay que mirar a América Latina no sólo como un lugar del que sacar materias primas, sino como una región que puede promover la vida y mantener el equilibrio esencial necesario para el planeta y para todos. Ustedes tienen que hacer su parte aquí, con la aprobación de esta ley”, reclamó.

Como conclusión del debate, Maria Bardolet, responsable de Programas con el Sector Privado en Oxfam Intermón y miembro de la PER, señaló que “es imprescindible el compromiso del Gobierno con la aprobación de la ley de debida diligencia en la actual legislatura”. “No podemos permitir que las empresas no se hagan responsables de violaciones de derechos humanos y medioambientales como las que hemos visto en este documental. Es urgente que las víctimas puedan acceder a la justicia”, concluyó.

Con la aprobación de esta ley, España tiene la oportunidad de liderar, junto a los países europeos que ya cuentan con legislación, el proceso de negociación de la futura Directiva de Debida Diligencia de las Empresas en Materia de Sostenibilidad. La Comisión Europea presentó su propuesta en febrero de 2022; el Parlamento Europeo trabaja actualmente para fijar su posición y, tras pasar ese trámite, se llevará a cabo la negociación con el Consejo, órgano que España presidirá en la segunda mitad de 2023.

La ilusión de la abundancia

Tras el debate se realizó un pase privado de La ilusión de la abundancia, un documental sobre tres defensoras que se han enfrentado a los impactos de grandes empresas en América Latina, coproducido por varias organizaciones de la sociedad civil. En la cinta, Erika González y Matthieu Lietaert presentan a Bertha Cáceres, Carolina de Moura (presente en el debate) y Máxima Acuña, tres mujeres que han defendido a sus comunidades de las corporaciones transnacionales. El documental muestra la resiliencia de estas mujeres, las consecuencias de la globalización y lo que significa «desarrollo» en su región.