La rebaja del estatus del lobo: una decisión sin respaldo científico que amenaza su conservación en España

Hoy termina el plazo de consulta pública a la propuesta de modificación de la Directiva Hábitats 92/43/CEE que plantea el cambio del estatus del lobo (Canis lupus), pasándolo del Anexo IV (estrictamente protegido) al Anexo V (un nivel de protección que no impide matarlo). De esta forma se plantea trasponer al derecho comunitario el acuerdo que alcanzó, el 6 de diciembre de 2024, el Comité Permanente del Convenio sobre la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural de Europa (el Convenio de Berna). Este acuerdo que entró en vigor el 7 de marzo, ya redujo el grado de protección del lobo, a pesar de no estar respaldado por ninguna evidencia científica.

En el caso concreto de España, la reducción de la protección afecta a todo el estado tanto a las poblaciones al norte como al sur del Duero, a pesar de que su situación de conservación sigue siendo desfavorable en todas las regiones biogeográficas nacionales, tal como indica el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

A nivel europeo, aunque el lobo ha ampliado su presencia territorial, aún no se encuentra en un estado de conservación favorable. Según el informe de 2022 de la Large Carnivore Initiative for Europe , solo 3 de las 9 subpoblaciones identificadas no están en peligro. Poblaciones con baja variabilidad genética, como las de Noruega y España, presentan un alto coeficiente de endogamia que dificulta su viabilidad a largo plazo, una situación que se agravará como consecuencia de la desprotección. De hecho comunidades autónomas como Cantabria, Asturias, La Rioja y Galicia, amparadas por las disposiciones introducidas en la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, están autorizando auténticas matanzas de lobos. Aunque en Galicia, un reciente Auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de suspender la aplicación de la medida.

Además, la supuesta relación entre la densidad de lobos y el número de ataques al ganado carece de evidencia científica sólida. Informes de la Comisión Europea y estudios en España y Suiza señalan que el aumento de la caza puede alterar la estructura social de las manadas, generando más conflictos con la ganadería. De hecho, el propio informe La situación del lobo en la Unión Europea. Un análisis en profundidad reconoce que la caza no selectiva no reduce las depredaciones de manera efectiva, a menos que se realice con una intensidad incompatible con la Directiva de Hábitats y con un amplio rechazo social.

Frente a esta situación, la Plataforma Ecologista Madrileña formada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura, insta a reforzar las medidas preventivas frente a los ataques, que ya han demostrado ser eficaces: cercados, perros guardianes y vigilancia humana son clave herramientas que deben potenciarse y facilitarse a los ganaderos. A ello se suma la reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que recuerda que los daños a la ganadería son compensables económicamente, mientras que el deterioro del estado de conservación del lobo podría ser irreversible.

Por ello, rechaza la modificación de la Directiva Hábitats y pide al Gobierno español que actúe con firmeza, oponiéndose a la propuesta y que recurra ante el Tribunal Constitucional la Ley 1/2025, de 1 de abril, que redujo la protección del lobo sin debate parlamentario, contraviniendo tanto la normativa comunitaria como la realidad ecológica de la especie en el Estado.

Hoy termina el plazo de consulta pública a la propuesta de modificación de la Directiva Hábitats 92/43/CEE que plantea el cambio del estatus del lobo ( Canis lupus ), pasándolo del Anexo IV (estrictamente protegido) al Anexo V (un nivel de protección que no impide matarlo). De esta forma se plantea trasponer al derecho comunitario el acuerdo que alcanzó, el 6 de diciembre de 2024, el Comité Permanente del Convenio sobre la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural de Europa (el Convenio de Berna). Este acuerdo que entró en vigor el 7 de marzo, ya redujo el grado de protección del lobo, a pesar de no estar respaldado por ninguna evidencia científica.

En el caso concreto de España, la reducción de la protección afecta a todo el estado tanto a las poblaciones al norte como al sur del Duero, a pesar de que su situación de conservación sigue siendo desfavorable en todas las regiones biogeográficas nacionales, tal como indica el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

A nivel europeo, aunque el lobo ha ampliado su presencia territorial, aún no se encuentra en un estado de conservación favorable. Según el informe de 2022 de la Large Carnivore Initiative for Europe , solo 3 de las 9 subpoblaciones identificadas no están en peligro. Poblaciones con baja variabilidad genética, como las de Noruega y España, presentan un alto coeficiente de endogamia que dificulta su viabilidad a largo plazo, una situación que se agravará como consecuencia de la desprotección. De hecho comunidades autónomas como Cantabria, Asturias, La Rioja y Galicia, amparadas por las disposiciones introducidas en la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, están autorizando auténticas matanzas de lobos. Aunque en Galicia, un reciente Auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de suspender la aplicación de la medida.

Además, la supuesta relación entre la densidad de lobos y el número de ataques al ganado carece de evidencia científica sólida. Informes de la Comisión Europea y estudios en España y Suiza señalan que el aumento de la caza puede alterar la estructura social de las manadas, generando más conflictos con la ganadería. De hecho, el propio informe La situación del lobo en la Unión Europea. Un análisis en profundidad reconoce que la caza no selectiva no reduce las depredaciones de manera efectiva, a menos que se realice con una intensidad incompatible con la Directiva de Hábitats y con un amplio rechazo social.

Frente a esta situación, la Plataforma Ecologista Madrileña formada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura, insta a reforzar las medidas preventivas frente a los ataques, que ya han demostrado ser eficaces: cercados, perros guardianes y vigilancia humana son clave herramientas que deben potenciarse y facilitarse a los ganaderos. A ello se suma la reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que recuerda que los daños a la ganadería son compensables económicamente, mientras que el deterioro del estado de conservación del lobo podría ser irreversible.

Por ello, rechaza la modificación de la Directiva Hábitats y pide al Gobierno español que actúe con firmeza, oponiéndose a la propuesta y que recurra ante el Tribunal Constitucional la Ley 1/2025, de 1 de abril, que redujo la protección del lobo sin debate parlamentario, contraviniendo tanto la normativa comunitaria como la realidad ecológica de la especie en el Estado.