La Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres lleva a la ONU las barreras que enfrentan las víctimas de violencia de género para acceder a la justicia

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM), organización con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), ha presentado una declaración oficial en el 70º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), que se celebra del 9 al 20 de marzo de 2026 en Nueva York.

El documento, titulado “Policía y el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género«, analiza las barreras estructurales que dificultan que las mujeres que enfrentan violencia machista accedan de forma efectiva al sistema de justicia.

La declaración se enmarca en el Proyecto TACTICS, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) 2022, y liderado por la Universidad de Tartu (Estonia), en colaboración con entidades de siete países europeos.

El estudio se basa en el análisis de protocolos policiales y en entrevistas a 188 personas, entre ellas mujeres víctimas de violencia de género, fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales que trabajan con perpetradores y personal de primera línea de atención. Este trabajo ha permitido identificar obstáculos persistentes que dificultan la protección efectiva de las víctimas y su acceso real a la justicia.

Principales barreras detectadas

Entre los problemas identificados destacan:

• Falta de formación especializada en violencia de género entre agentes policiales y operadores jurídicos.
• Insuficiente coordinación entre instituciones, junto con carencias normativas y de recursos que pueden favorecer procesos de revictimización.
• Entornos judiciales percibidos como complejos y poco sensibles al trauma, lo que dificulta que muchas mujeres continúen con los procesos.
• Lentitud en los procedimientos judiciales, que prolonga la exposición al daño y desincentiva la denuncia.
• Mantenimiento de regímenes de visitas con padres denunciados por violencia, una situación que puede disuadir a muchas mujeres de iniciar o sostener acciones judiciales.

Recomendaciones presentadas ante la ONU

Ante estos desafíos, la CIMTM propone medidas estructurales para garantizar un acceso efectivo a la justicia:

1. Formación especializada y continua

Capacitación obligatoria en violencia de género para fuerzas de seguridad, judicatura, fiscalía y abogacía de oficio, incluyendo formación en trauma y estrés postraumático.

2. Acompañamiento integral y espacios seguros

Garantizar que las víctimas puedan declarar sin coincidir con el agresor, contar con una persona de apoyo y recibir asesoramiento jurídico y acompañamiento psicosocial desde el primer momento.

3. Seguimiento y protección efectiva

Aplicar medidas policiales de protección cuando exista riesgo, incluso cuando no haya orden judicial vigente, y asegurar que las víctimas reciban información clara sobre las medidas adoptadas.

4. Coordinación multisectorial

Mejorar la derivación a recursos sociales, sanitarios y especializados, con sistemas de información coordinados entre profesionales para evitar que las víctimas tengan que repetir su relato en cada instancia.

5. Mejora del ámbito judicial

Asegurar defensa jurídica especializada y promover una actuación judicial empática, libre de prejuicios y de minimización de la violencia.

Acceso a la justicia: más allá de las leyes

La CIMTM subraya que garantizar el acceso a la justicia no depende únicamente de la existencia formal de leyes, sino de la construcción de sistemas coordinados, sensibles al trauma y comprometidos con eliminar las barreras estructurales que perpetúan la violencia y la desigualdad.