Las entidades de protección animal logran el compromiso para incluir a todos los perros sin excepción en el Real Decreto de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía

Madrid 12 de febrero de 2026. Representantes de diversas entidades de protección animal han mantenido una reunión con el director general de Derechos de los Animales,José Ramón Becerra, en el marco de la tramitación del futuro Real Decreto de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía, promovido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 dirigido por Pablo Bustinduy.

Durante el encuentro, las organizaciones trasladaron la necesidad de que todos los perros —incluidos aquellos utilizados en actividades cinegéticas y los considerados “de trabajo”— queden expresamente incorporados dentro del ámbito de aplicación de la nueva regulación. Las entidades defendieron que la norma debe garantizar estándares homogéneos de protección, bienestar y control administrativo con independencia del uso asignado a los perros.
Como resultado de la reunión, el director general manifestó su compromiso de que todos los perros sean incluidos en el texto del Real Decreto actualmente en elaboración desde la Dirección General de Derechos de los Animales.

Las entidades valoran esta posición como un reconocimiento explícito a una demanda reiterada por el sector de la protección animal. No obstante, han subrayado que el compromiso será evaluado únicamente en función de su reflejo efectivo en el articulado de la norma en las fases públicas de tramitación.

En este sentido, han advertido que mantienen una posición de cautela ante el desarrollo del proceso normativo y que no darán por consolidado ningún avance hasta comprobar su concreción jurídica. Asimismo, han anunciado que realizarán un seguimiento técnico y público de la tramitación para verificar que la inclusión de los perros llamados de caza y de trabajo se materializa en disposiciones claras y plenamente exigibles.

En palabras de Mati Cubillo, presidenta de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (FAPAM):
«Este compromiso supone un paso importante, pero no definitivo. Las organizaciones estaremos vigilantes hasta que la inclusión de los perros de caza quede claramente recogida en el texto legal. Todos los perros deben tener los mismos derechos y la misma protección, sin excepciones.»

Contexto

Tras haber sido excluidos de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales durante su tramitación parlamentaria, los perros utilizados en actividades cinegéticas y “de trabajo” quedaron fuera del marco general de protección previsto para el resto de perros en España. Esto causó un gran malestar entre las entidades de protección animal al considerarlos precisamente los perros más maltratados en España y los que más protección necesitan.

En la actualidad, diversas entidades y juristas habían advertido de que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 podría excluirlos también del futuro Real Decreto de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía, norma destinada a regular las condiciones mínimas de alojamiento, control sanitario y bienestar de los animales de compañía mantenidos en instalaciones con actividad económica.

Según lo comunicado en el Consejo Estatal de Protección Animal, la propuesta contemplaba trasladar la competencia sobre estos perros al Ministerio de Agricultura. De materializarse esta opción, su regulación quedaría limitada esencialmente a requisitos de identificación y registro, sin establecer estándares específicos de bienestar, condiciones mínimas de alojamiento o mecanismos efectivos de supervisión. Las organizaciones alertaron de que esta situación podría dificultar aún más la denuncia y persecución de casos de maltrato en rehalas y otras instalaciones vinculadas a la actividad cinegética.

Como consecuencia, se puso en marcha la campaña “Mismos Perros, Mismos Derechos”, con un manifiesto dirigido al ministro Pablo Bustinduy y secundado por más de 260 organizaciones de protección animal y más de 44.000 firmas que reclama la igualdad de todos los perros ante la ley.

La campaña ha desarrollado acciones de incidencia política, comunicación pública y movilización social y no descartan realizar otras acciones para garantizar que ningún perro quede excluido de estándares básicos de protección y bienestar.

En este sentido, Marta Esteban Miñano, de la Fundación Animal Guardians y coportavoz de la campaña, señala que “continuaremos analizando cada fase del procedimiento con el objetivo de garantizar que el contenido final del Real Decreto de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía responda a criterios de coherencia normativa y protección efectiva de todos los perros. No descartamos futuras movilizaciones hasta que esto sea así.”

Finalmente, Arancha Sanz, abogada animalista y portavoz de SPAP Madrid ha destacado que “la futura regulación constituye una oportunidad clave para corregir desigualdades históricas en la aplicación de estándares de bienestar animal. La sociedad civil mantendrá un control activo sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el proceso.”