La crecida del río Jarama vuelve a poner en riesgo a personas y animales domésticos en los chamizos ilegales de San Fernando de Henares
- La existencia de las construcciones y chamizos junto al río Jarama es ilegal y un factor de inseguridad para personas y animales, como se vuelve a poner en evidencia estos días. Las riberas del Jarama forman parte de un ecosistema protegido y son suelos no urbanizables. No se entiende la incapacidad de las administraciones, especialmente del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, para atajar este abuso sobre el patrimonio público natural y para hacer cumplir las normas urbanísticas más básicas.

Las lluvias de estos días han vuelto a inundar los chamizos de San Fernando, el último núcleo ilegal de corrales y construcciones ilegales que sobrevive en la Comunidad de Madrid. Como en ocasiones anteriores ha sido preciso evacuar de urgencia estas instalaciones. Esto ya ha sucedido en otras inundaciones, con la tormenta de “Filomena” o con las crecidas de hace un año. Los suelos ocupados de la ribera del río son “zonas inundables”, son espacios protegidos y de alto riesgo que no deberían estar ocupados por actividades y construcciones. En San Fernando de Henares no se respeta la legislación ambiental ni las normas urbanísticas.
Desde hace seis años el Ayuntamiento de San Fernando, la Consejería de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) están recibiendo denuncias sobre las ilegalidades que se practican en un tramo de 800 m. de las riberas del río Jarama, donde se han parcelado y ocupado tramos del río Jarama para instalar construcciones permanentes, corrales y chamizos sin ninguna licencia ni autorización de los propietarios de los suelos (Ayuntamiento y CHT). Esta ocupación se hace también sobre el territorio del ecosistema fluvial que pertenece al Parque Regional del Sureste y la Red Natura 2000. El papel de las Administraciones durante estos años no puede ser más lamentable:
Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Es la administración encargada de garantizar la legalidad urbanística, a pesar de lo cual es incapaz de hacer cumplir algo tan básico como evitar estas ocupaciones de suelo no urbanizable, sobre espacios que se inundarán y que además son parcelas propiedad de este Ayuntamiento, además de permitir la consolidación con construcciones de obra. Abren expedientes de ilegalidad, informes técnicos, informes de policía local, informes jurídicos….. todos estos esfuerzos administrativos, al menos desde abril de 2020, no han servido para conseguir la retirada y recuperación de los suelos. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares demuestra una lamentable incapacidad para restaurar la legalidad municipal.
Consejería de Medio Ambiente. Entre sus competencias está la de conservar y gestionar los espacios protegidos. El Jarama en San Fernando es un valioso ecosistema del Parque Regional del Sureste y de la Red Natura 2000. La actitud de la administración regional se limita a «rebotar» las denuncias que recibe. Ni está ni se le espera.
Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Es la institución encargada de conservar el Dominio Público Hidráulico. La legislación de aguas reserva a la CHT la inspección y conservación de las riberas. Su intervención se limita a poner sanciones sin más pretensiones.
En este estado de cosas ya no sorprende que algunos de los ocupantes de estas parcelas reclamen que se les presten servicios, como el suministro de agua potable. En general estas parcelas se utilizan por vecinos de San Fernando de Henares o Coslada, que usan estos recintos como una actividad de ocio. Un aprovechamiento que está generando el abandono de residuos en el cauce del río.
Los colectivos ecologistas que formamos parte de la Plataforma Ecologista Madrileña, formada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura, exige respeto para los espacios protegidos y emplazamos a las administraciones con competencias en el río, en el Parque Regional o en el territorio No Urbanizable, a que respeten y hagan respetar los instrumentos legales que tienen la obligación de aplicar para evitar situaciones de riesgo para animales y personas y, especialmente, para poner fin a una de las últimas ocupaciones ilegales de suelos ribereños en la Comunidad de Madrid.

