MIA: «11 años del accidente de Fukushima, el peligro radiactivo continua»

El pasado mes de febrero, la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, se ha acercado a la central de Fukushima para examinar de cerca el plan japonés para verter agua radiactiva al mar.  Para el Movimiento Ibérico Antinuclear “esta visita parece un gesto dirigido a crear confianza pública en la gestión de Japón ante la oposición de parte de su población y de países vecinos. Mientras tanto, las víctimas del accidente son atropelladas por el afán de “normalizar” la situación”.

Cuando el Gobierno de Japón anunció en abril de 2021 su intención de descargar gradualmente más de 1,4 millones de metros cúbicos de agua radiactiva al mar, encontró el inmediato apoyo de la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA. El mes pasado, del 14 al 18 de febrero, un grupo de expertos de la OIEA han acudido a solicitud del gobierno nipón para examinar el plan de vertido y verificar los niveles de radiactividad en el agua tratada almacenada en los tanques. Han recibido unos 50 litros de agua para que sean analizados por los laboratorios de la agencia en Austria y Mónaco. Hasta ahora solo Japón había realizado esas mediciones.  Confían en que la participación de la OIEA genere confianza pública en Japón y la región.  El vertido se enfrenta a la oposición del sector de la pesca y de los países vecinos, en especial Corea del Sur y China.

El resultado de los trabajos no se conocerá antes de dos meses aproximadamente,  y se publicará un informe con conclusiones antes de que comience la liberación de agua, en principio prevista para el próximo año.  El agua radiactiva procede del enfriamiento del combustible nuclear fundido de tres de los reactores. Para reducir su radiactividad se somete a un proceso de eliminación de materiales radiactivos, de manera que solo quede tritio y carbono-14. Pero en 2018 la prensa japonesa descubrió que la empresa propietaria TEPCO ocultaba que aproximadamente el 84% de los 890.000 m³ de agua tratada a partir de septiembre de 2018 contenían concentraciones más altas de sustancias radiactivas que los niveles permitidos para su liberación al océano. Con niveles de estroncio-90 más de cien veces por encima de los estándares de seguridad en unos 65.000 m³ del agua tratada. También con cesio-137 y yodo-129, con niveles que superan los límites en un factor de 20.000, en algunos tanques. Según los datos de TEPCO, en agosto de 2021, el 69% del agua,  832.900 m³, se someterá a un procesamiento secundario. Se espera que esto lleve varios años.

TEPCO declaró que se quedaría sin espacio para almacenar agua radiactiva este año 2022.  Como solución, tanto la empresa como el gobierno japonés, quieren verterla al océano a lo largo de treinta años, de modo que los contaminantes se diluyan.  Sin duda, es la opción de menor coste.  No quieren examinar otras posibilidades.  En una reunión de la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas en Octubre de 2021,  el gobierno japonés ha bloqueado la iniciativa de establecer un grupo de trabajo científico para evaluar alternativas a la descarga esas aguas en el Océano Pacífico.  Esta propuesta de Greenpeace tuvo el apoyo de Corea de Sur, China, Chile, Vanuatu y Palau. Pero la delegación japonesa obtuvo los de Estados Unidos, Reino Unido y Francia.  A pesar de todo,  no ha podido evitar que sea discutido este mismo año en posteriores reuniones de las convenciones internacionales para promover el control efectivo de todas las fuentes de contaminación marina, la Convención de Londres y el Protocolo de Londres (LC-LP). La OIEA tendrá que explicar  también si ha considerado otras soluciones antes de ofrecer su pleno apoyo a Japón.

Por otra parte, no se da una respuesta adecuada al problema de los desplazados. Aunque el gobierno continúa levantando las órdenes de restricción para algunos municipios, la ciudadanía no se atreve a volver porque los niveles de radiactividad de esas áreas pueden superar veinte veces los estándares internacionales.  Relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU han declarado su preocupación por las políticas japonesas sobre el plan de descontaminación y los planes de retorno de los evacuados.

Según la Sra. Ruiko Muto, víctima de Fukushima y activista por un mundo sin nucleares, todo el interés de las autoridades está en la “recuperación”, y se invisibilizan las consecuencias del accidente..  Ahora la presión se dirige a los jóvenes. El año pasado, el gobierno asignó 13,5 millones de € (unos  15 mil € por familia) para promover que se trasladasen a las doce ciudades, pueblos y aldeas designadas una vez como zonas de evacuación en Fukushima.

Pero la gente resiste. El 27 de enero de este año, un grupo de jóvenes que padecen cáncer de tiroides, y tenían de 6 a 16 años en el momento del accidente nuclear, presentó una demanda contra TEPCO. Piden que se investigue la relación causal entre el accidente nuclear y el cáncer de tiroides, y esperan conseguir la creación de un sistema de ayuda para quienes padecen esta misma enfermedad, porque el Comité de revisión de la encuesta sanitaria de la prefectura de Fukushima ha declarado que no hay ninguna relación posible con el accidente nuclear.

Para el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), la industria nuclear y los gobiernos que la sostienen, tienen que afrontar las responsabilidades que se deriven de un accidente.  No se puede aceptar que impongan sus condiciones a la población que ha sufrido más en el desastre, ni que nieguen amparo ante las enfermedades provocadas.  Hay que exigirles además los mejores métodos para recuperar el territorio y evitar ulteriores daños.  Y no lo tiene que pagar la ciudadanía.

La electricidad que producen las nucleares no compensa el riesgo que corremos. Una realidad demasiado presente hoy donde la amenaza del armamento nuclear o el riesgo de la energía nuclear en un contexto de guerra. Hoy más que nunca hay que acelerar la desnuclearización civil y militar.