Redacción •  Actualidad •  09/09/2016

Sánchez Mato (IU) denuncia que “la cárcel se queda como algo para pobres” ante los «para algunos cada vez más habituales acuerdos con la Fiscalía para pagar menos y no ir a la cárcel”

El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida advierte sobre el “vergonzoso” acuerdo en casos como el de la familia Carceller

Sánchez Mato (IU) denuncia que “la cárcel se queda como algo para pobres” ante los «para algunos cada vez más habituales acuerdos con la Fiscalía para pagar menos y no ir a la cárcel”

 El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, denuncia que “parece que se está convirtiendo en demasiado habitual, al menos para algunos, el negociar y beneficiarse de variados acuerdos con la Fiscalía no sólo para eludir la prisión frente a diferentes delitos fiscales sino, y lo que es más importante, para reducir de forma considerable las sanciones económicas que conlleva”.

Sánchez Mato advierte de que “parece que las penas de prisión no afectan a los grandes delincuentes económicos, y no hace falta ya que sean futbolistas o sus familiares directos. La cárcel se está quedando como algo reservado a los pobres, mucho más en delitos de este ámbito en los que se llega a acuerdos vergonzosos”.

El responsable federal de IU en materia económica señala uno de los últimos casos, que afecta a Demetrio Carceller Arce, presidente del grupo cervecero Damm, y a su padre Demetrio Carceller Coll, que eludirán previsiblemente la prisión correspondiente a los delitos fiscal y de blanqueo de capitales después de negociar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.

A cambio de no ser condenados a penas de cárcel, distintas informaciones apuntan a que podrían pagar en torno a 90 millones de euros en concepto de multa y de responsabilidad civil. En total, la cantidad defraudada, según la Fiscalía Anticorrupción, fue de 59,2 millones de euros en concepto de IRPF por los ejercicios de 2001 a 2009, 41,9 millones por el Impuesto sobre el Patrimonio entre 2001 y 2007, y otros 1,7 millones por el Impuesto de Sucesiones. La suma de todos los conceptos adeudados más sus intereses de demora ascendería a algo más de 103 millones de euros, siempre según el escrito de acusación del fiscal.

La petición de la Fiscalía ascendía en un principio a penas que sumaban hasta 48 años y medio de prisión. El acuerdo, pendiente todavía de algunos flecos, parece que se cerrará en los próximos días. Según se ha filtrado, los acusados podrían firmar un acuerdo de conformidad en el que aceptarán como cierto el relato de hechos del ministerio público a cambio de una rebaja en la petición inicial de condena.

En situaciones de este tipo, Carlos Sánchez Mato señala que “resulta fundamental que haya una total transparencia de la Fiscalía y de todas las instancias judiciales, algo que cada vez falla más, desgraciadamente, lo que en absoluto compartimos desde nuestra organización. Por ejemplo, en el ‘caso Carceller’, no ya las defensas de los acusados, sino que el mismo ministerio público no ha ofrecido suficientes explicaciones sobre un acuerdo que debería hacerse con luz y taquígrafos con el pretexto de que ‘el posible proceso de conformidad no se puede dar por concluido’».


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