La Audiencia Nacional abre una investigación penal contra Netanyahu por el asalto al barco humanitario Madleen

Madrid, 8 de julio de 2025.

El Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ha acordada hoy la apertura de diligencias previas por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su ministro de Exteriores, Israel Katz, y varios altos mandos militares, a raíz del asalto al barco Madleen de la Flotilla de la Libertad, ocurrido el pasado 1 de junio en aguas internacionales mientras se dirigió a Gaza con ayuda humanitaria.

En su auto, el juez instructor considera que los hechos denunciados revisten carácter delictivo, motivo por el cual ordena incoar diligencias para su investigación.

La querella fue presentada por el ciudadano español Sergio Toribio —único tripulante español a bordo del Madleen— y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, representados por los abogados Jaume Asens y Endika Zulueta. El escrito, registrado el pasado jueves, denuncia el abordaje ilegal del buque por parte de la unidad de élite israelí Shayetet 13, el uso de drones, armas de fuego y gases lacrimógenos contra la tripulación, así como la detención arbitraria, interrogatorio y posterior deportación de los doce activistas a bordo, entre ellos Greta Thunberg y Rima Hassan.

La querella se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, al considerar que los hechos constituyen graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y se enmarcan en un contexto de genocidio en curso contra la población civil palestina. En concreto, se solicita la investigación por los siguientes delitos:

Crímenes de guerra (art. 608 bis y ss. del Código Penal español),
Crímenes de lesa humanidad (art. 607 bis),
Torturas y tratos inhumanos a personas protegidas,
Detención ilegal,
Violación del derecho a la asistencia humanitaria,
Actos de piratería o violencia en alta mar, prohibidos por el Derecho Consuetudinario internacional.
Se pide asimismo la emisión de órdenes de detención internacional contra los responsables, así como la cooperación activa con la Corte Penal Internacional, que ya solicitó en mayo una orden de arresto contra Netanyahu por los crímenes cometidos en Gaza.

Entre las diligencias propuestas destacan la toma de declaración como testigos de Greta Thunberg, Rima Hassan y otros tripulantes, la solicitud de documentación a las autoridades israelíes, la incorporación de informes de organismos internacionales sobre el bloqueo a Gaza y el asalto al Madleen, y la colaboración con la Fiscalía del CPI.

“La apertura de estas diligencias marca un paso importante en la lucha contra la impunidad”, ha declarado el eurodiputado y abogado Jaume Asens, quien ha subrayado que “cuando los Estados incumplen sus obligaciones, debe ser la sociedad civil quien activa la justicia como herramienta ética, jurídica y política frente al horror”.

Desde el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, su portavoz Santiago González Vallejo ha declarado:

“Llevamos años denunciando el bloqueo ilegal a Gaza y el castigo colectivo a su población. Este proceso judicial es una conquista del movimiento de solidaridad internacional y una advertencia a quienes
creen que pueden actuar con total impunidad”.

Por su parte, la activista y portavoz de la Flotilla de la Libertad en el Estado español, Sandra Barrilaro, ha señalado:

“Navegamos con el derecho internacional de nuestra parte. misión humanitaria en aguas internacionales es un crimen grave que debe ser juzgado. La justicia española lanza un mensaje claro: los derechos humanos no se pueden pisotear sin consecuencias”.

La acción judicial remite al precedente del caso Mavi Marmara (2010), otro abordaje ilegal por parte de Israel a una embarcación humanitaria, y se inscribe en una estrategia internacional más amplia para denunciar el bloqueo a Gaza, los ataques a misiones civiles y la política de exterminio practicado por el gobierno israelí. El objetivo de los querrellantes es que esta iniciativa sea replicada en los distintos países de los tripulantes, siempre que exista base legal para ejercer la jurisdicción universal.