Ante el debate nuclear en torno a la aprobación del decreto antiaranceles en el Congreso de los Diputados y la PNL presentada por el PP

En la víspera de la votación del Real Decreto-ley 4/2025 sobre medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria, aprobada por el Gobierno español en abril, y donde el Partido Popular ha condicionado su voto a la modificación del calendario nuclear, el movimiento ecologista cuestiona el intento interesado del PP de desviar la atención proponiendo la extensión de la vida útil de las centrales nucleares y pretendiendo cargar los costes y los riesgos sobre toda la ciudadanía. En el contexto del apagón , el MIA señala la urgencia de tener un sistema eléctrico renovable para combatir el cambio climático y la necesidad de tomar medidas para adaptar y mejorar el sistema eléctrico, de tal forma que se pueda pasar página del viejo sistema basado en combustibles fósiles y nuclear. Las energías renovables son la única garantía de un futuro seguro, limpio y próspero. 

El Partido Popular está actuando al servicio de la industria nuclear a la que considera, sin fundamento alguno, imprescindible para garantizar el suministro eléctrico, tener soberanía energética, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mantener el liderazgo en la tecnología nuclear. En palabras del MIA, es una proposición de ley que “seguramente no tenga recorrido, pero si es un avance de su política energética resulta lamentable, porque no tiene en cuenta la situación del sistema eléctrico actual”. 

«Lamentamos que el presidente en su intervención de ayer, también en el Congreso, abra la puerta a pactar un nuevo calendario de cierre nuclear, consideramos imprescindibles que las condiciones para una hipotética extensión de vida garantizaba la máxima seguridad nuclear, la estabilidad de la red y que los costes del alargamiento de la paguen las empresas propietarias. Desde el Movimiento Ibérico Antinuclear consideramos que en estos tres aspectos estamos ante un tipo de energía que pierde claramente. La energía nuclear es un lastre para la estabilidad en la red y no trabaja bien junto a la energía renovable. Tampoco proporciona seguridad ni energía barata, por lo que seguimos exigiendo su cierre”, ha destacado Cristina Rois, portavoz del MIA. 

La energía nuclear no va a encontrar su sitio como respaldo para las energías renovables, por su falta de flexibilidad y su lentitud de respuesta. Las centrales nucleares españolas no se diseñan para reducir la potencia por debajo del 70% ni para hacerlo rápido. Sin embargo, la de Trillo ha funcionado la primavera pasada 31 días al 61%. Esto es novedoso, y podría conllevar un impacto sobre el núcleo y sobre algunos componentes de las centrales que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha decidido que tiene que ser evaluado y autorizado. Lo que sí están provocando las nucleares es la expulsión de la red de parte de la producción renovable, puesto que no pueden reducir con rapidez y seguridad su potencia. Todo esto muestra, a juicio del MIA, la difícil convivencia y falta de complementariedad entre nucleares y renovables. 

El problema que enfrenta el sector nuclear es que su electricidad es más cara de producir que la generada con tecnologías renovables. Estas son una competencia cada vez mayor. En 2024 ya aportaron el 56% de todo el consumo de electricidad en España. Ya hay más producción con eólica que con nuclear. Cuando no es necesaria la generación de las centrales de gas, las más caras, para satisfacer la demanda, el precio de la electricidad en el mercado mayorista se desploma. Y la energía nuclear no puede cubrir los costes de su combustible. Por eso en 2024 han parado por no entrar en casación 16 días Almaraz I y 26 días Cofrentes, situación que se está agudizando en 2025. 

No hay garantía de suministro ni soberanía energética si se es completamente dependiente de la importación de combustible nuclear. En su propuesta, el PP parece querer olvidar que España no solo depende del mineral de uranio (que se explotó en el país pero ya se ha agotado): también depende de los pocos países que realizan los complejos procesos de conversión y enriquecimiento del uranio, en los que la Rusia de Putin controla un 28% de los servicios de conversión y el 40% de los enriquecimiento. La empresa estatal ENUSA fabrica los elementos combustibles que cargan las nucleares españolas con uranio de Kazajistán (66%), Uzbekistán (11%), Namibia (9,7%), Rusia (6,3%), Níger (3,4%), Canadá (3%) y Sudáfrica (0,9%). Es decir, el 83% de la órbita rusa, el 14% de África y solo un 3% de Canadá. La propia ENUSA considera, además, que los precios del uranio comenzaron una fuerte subida a partir de 2022 que continuará al menos hasta la final de la guerra de Ucrania. 

El PP reclama neutralidad tecnológica, como si todas las formas de producción presentarán las mismas ventajas y problemas. Si se trata de soberanía energética y seguridad de suministro, las energías renovables, junto con el almacenamiento, son las únicas que no requieren importar combustible y son controlables. No hay neutralidad en el riesgo de accidente asociado a las centrales nucleares, algo que la proposición del PP también prefiere olvidar. El alargamiento del funcionamiento de las centrales más allá de los 40 años supone aceptar una situación de riesgo creciente, que exige mayor vigilancia de la entidad reguladora y demanda inversiones millonarias de las empresas propietarias. Aunque no hay información sobre el alcance de estos costes en España, se sabe que la prolongación por 10 años de dos reactores belgas, Doel-4 y Tihange-3, de potencia equiparable a Almaraz, costará hasta 2.500 millones de euros. Por poner un referente más cercano, la renovación de Garoña (menos de la mitad de potente que Almaraz) implicaba la inversión de más de 200 millones de euros. 

Un mayor funcionamiento nuclear implica más residuos radiactivos. Por ejemplo, una década más de funcionamiento de los siete reactores va a añadir otras 1.230 toneladas de uranio y 87 contenedores más a los residuos de alta actividad que habrá que gestionar con el plan de cierre. Almaraz I aumentaría en 13 contenedores el combustible gastado que se acumulará en su ATI ( Almacén Temporal Individualizado) . Eso aumenta el coste de la gestión de residuos sin que pueda compensarse con la producción de electricidad nuclear, salvo que subiera la tasa sobre la producción eléctrica de las nucleares, la llamada «tasa Enresa» (justo lo contrario de lo que piden las eléctricas, que es rebajar esa tasa). Las nucleares también emiten CO ₂ . Todos los procesos para disponer de una pastilla de uranio (de la minería al enriquecimiento en uranio-235 y sus transportes) requieren el uso de combustibles fósiles, más la construcción, clausura de la central y tratamiento de sus residuos radiactivos. Esas emisiones se cifran en 66 grCO2e/KWh, aproximadamente un 15% de las de una central de gas en ciclo combinado de la misma potencia, pero un 600% superior a las de la eólica.