CCOO apoya el blindaje constitucional del derecho al aborto en la sanidad pública

CCOO apuesta por la protección constitucional del derecho al aborto, un derecho fundamental de las mujeres, vinculado a su autonomía y su libertad para decidir sobre sus cuerpos y, por supuesto, también a su derecho a la salud. Con independencia de la fórmula concreta escogida por el Gobierno, y partiendo de que la sentencia 44/2023 del Tribunal Constitucional reconoce la interrupción voluntaria del embarazo como parte del derecho fundamental a la dignidad de las mujeres, el sindicato considera que la inclusión explícita de este derecho en la Carta Magna refuerza su protección efectiva.

CCOO considera que se trata de un paso fundamental que recoge el testigo del ejemplo de Francia, que ya incluyó este derecho en su Constitución en 2024, y que llega en un momento en el que está siendo cuestionado por la ultraderecha y la derecha extremas. Sin ir más lejos, hace apenas unos días, PP y Vox aprobaron en Elche una moción en contra de la interrupción voluntaria del embarazo que supone un ataque frontal a un derecho fundamental de las mujeres.

Al margen de este reconocimiento, CCOO reclama el cumplimiento efectivo de las leyes ya en vigor y, en concreto de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntarias del embarazo que reforma la norma de 2010. A día de hoy, las mujeres españolas siguen encontrando trabas para acceder a las IVEs y hacer efectivo su derecho al aborto. Según la Comunidad Autónoma y la provincia en la que viven, las mujeres se encuentran con circuitos de acceso diferentes y desiguales. Es decir, una gran inequidad territorial, con provincias enteras en las que no se realiza esta prestación, lo que obliga a las mujeres a desplazarse incluso a otras Comunidades Autónomas y asumir el coste y los tiempos que esto supone. Para atajar este problema, conminamos a las autoridades sanitarias a exigir la realización de los registros de objetores de conciencia que garantizan esta prestación en la sanidad pública.

Asimismo, CCOO exige información clara y circuitos accesibles y que se garantice a las mujeres la posibilidad de elegir el método de IVE de su preferencia, tal y como estipula la ley. Y el refuerzo de la formación para los y las profesionales, así como su protección, dado que los trabajadores y trabajadoras de la sanidad que garantizan este derecho y su prestación, todavía hoy, a menudo se ven amenazados o sufren perjuicios en sus carreras profesionales.

Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO considera que “todavía quedan mucho camino por recorrer para el reconocimiento de este derecho fundamental en el texto de la Carta Magna, pero este es un paso fundamental para que todas podamos ejercer nuestros derechos en condiciones de igualdad. Todas es todas, con independencia de nuestra clase social, nacionalidad o lugar de residencia”.