CGT rechaza los recortes en Correos y alerta de un “ERE encubierto” ligado al nuevo modelo organizativo

La Confederación General del Trabajo denuncia que la dirección de Correos prepara transformaciones estructurales que podrían traducirse en destrucción de empleo y deterioro del servicio público postal. El sindicato exige más contratación, condiciones laborales dignas y una apuesta decidida por reforzar el papel público de la empresa.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha vuelto a cargar contra la dirección de Correos tras la última reunión de la mesa de negociación celebrada el pasado 25 de febrero. Según el sindicato, el encuentro ha dejado “una vez más un resultado decepcionante” y confirma que 2026 será el año de las “transformaciones” internas en la empresa pública, mientras que 2027 estará condicionado por el calendario electoral.

En este contexto, CGT advierte de que cualquier proceso de salidas o entradas de personal estará ligado a la implantación del denominado Nuevo Modelo Operativo, un cambio organizativo que, a juicio del sindicato, implicará una reducción progresiva de plantilla.

El secretario general de CGT Correos, Ricardo Mallada, ha criticado con dureza el rumbo que está tomando la negociación laboral. “El resultado de la reunión es decepcionante. No se sabe nada del Plan de Salidas para laborales: ni plazos, ni condiciones, ni nada, pese a que llevamos más de un año esperando y que supuestamente hay más de 400 millones destinados a ese plan”, ha afirmado.

CGT alerta de un posible recorte de plantilla

El sindicato sostiene que el plan podría utilizarse como una vía para reducir personal sin reconocerlo abiertamente. En este sentido, Mallada ha sido tajante:

“No debe aprovecharse el plan de salidas para hacer un ERE encubierto. El número de entradas tiene que ser igual o superior al número de personas que se acojan al plan de salidas y todas ellas a jornada completa”.

CGT también insiste en que los trabajadores que se acojan a ese programa no deben sufrir perjuicios económicos. Según Mallada, la empresa debería asumir las cotizaciones hasta la edad de jubilación ordinaria de quienes abandonen voluntariamente la compañía.

La preocupación sindical se produce en un momento de fuertes cambios en la empresa postal pública. Diversos sindicatos han denunciado que la implantación del nuevo modelo organizativo afectará a miles de carteros y carteras y podría implicar reestructuraciones en los centros de trabajo y cambios en el sistema de reparto.

Además, estimaciones sindicales apuntan a que las políticas de reducción del gasto de personal podrían traducirse en la pérdida de entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo en los próximos años si se aplican los objetivos fijados en el acuerdo marco laboral.

Precariedad laboral y contratos parciales

Otro de los puntos que CGT considera prioritarios es la situación de miles de trabajadores con contratos parciales y jornadas reducidas.

“Existen miles de compañeras en jornadas de cuatro o cinco horas o de fines de semana, con contratos ultraprecarios y salarios de miseria”, ha denunciado Mallada. Para el sindicato, antes de abrir nuevos procesos de contratación debe solucionarse la situación de estas personas atrapadas en modelos contractuales que califican de “precarios”.

El dirigente sindical también ha criticado la posición de otras organizaciones sindicales en el pasado convenio colectivo. “Nos resulta repugnante que quienes firmaron que el contrato a tiempo parcial era un instrumento importante para la empresa ahora quieran presentarse como salvadores”, ha señalado.

Rechazo frontal al nuevo modelo organizativo

CGT considera que la implantación del nuevo sistema de organización del trabajo responde fundamentalmente a una estrategia de reducción de costes laborales.

“Que quede absolutamente claro: CGT está en contra del Nuevo Modelo Organizativo lo pinten del color que lo pinten. Es perjudicial para la plantilla y para el servicio”, ha afirmado Mallada.

El sindicato también critica que la dirección pretenda vincular mejoras como la jornada laboral de 35 horas a cambios organizativos o aumentos de productividad. “No estamos intercambiando cromos en la puerta del colegio. Las 35 horas ya son normales en la administración pública y deberían ser un derecho consolidado”, ha añadido.

Defensa del servicio público frente a la “amazonización”

Más allá del conflicto laboral, CGT plantea una visión alternativa sobre el futuro de la empresa pública.

Para el sindicato, el rumbo actual apuesta por una lógica de mercado y diversificación comercial que aleja a Correos de su función como servicio público esencial. En ese sentido, Mallada ha sido claro:

“El futuro de Correos no pasa por su ‘amazonización’, sino por prestar servicios públicos de calidad. Para eso es necesario aumentar la plantilla y mejorar nuestras condiciones laborales y salariales”.

CGT también ha criticado algunos proyectos comerciales impulsados en los últimos años, como acuerdos con compañías aseguradoras. Frente a ello, el sindicato propone impulsar una banca pública vinculada a la red postal, que permita garantizar el acceso a servicios financieros básicos en todo el territorio, especialmente en zonas rurales.

Dimisión del presidente de Correos

Las críticas de CGT se enmarcan en un clima creciente de tensión laboral dentro de la empresa. En las últimas semanas, el sindicato ha llegado incluso a pedir la dimisión del presidente de Correos, Pedro Saura, al considerar que la estrategia actual está provocando destrucción de empleo y debilitando el servicio postal universal.

Desde la organización sindical aseguran que continuarán vigilando cualquier intento de imponer el nuevo modelo organizativo sin consenso.

“Seguiremos reivindicando más contratación, la cobertura de todas las plazas, el fin de las contingencias y el sistema ‘un cartero, una sección’”, ha concluido Mallada.

El conflicto laboral en Correos se perfila así como uno de los principales focos de debate en el sector público empresarial, en un momento en el que la compañía intenta redefinir su modelo de negocio mientras sindicatos y trabajadores reclaman garantías de empleo y la defensa del servicio postal público.