Plataforma Trans denuncia tres meses de silencio del Defensor del Pueblo ante la vulneración de derechos de personas trans migrantes

La Federación Plataforma Trans denuncia que han transcurrido más de tres meses desde que presentó una queja formal ante el Defensor del Pueblo por el incumplimiento de la Ley 4/2023 en relación con las personas trans migrantes, sin haber recibido hasta la fecha ningún tipo de contestación, ni comunicación oficial sobre la admisión o tramitación de dicha queja. La queja fue registrada ante el Defensor del Pueblo para denunciar la inactividad del Gobierno y del Ministerio del Interior en el desarrollo reglamentario de la Disposición final decimonovena de la Ley 4/2023, que obliga a habilitar en el plazo máximo de un año los procedimientos para la adecuación documental de las personas extranjeras trans. Dicho plazo legal expiró el 2 de marzo de 2024 sin que, a día de hoy, se haya aprobado el reglamento correspondiente.

“Hablamos de más de tres meses de silencio absoluto por parte del Defensor del Pueblo ante una vulneración muy grave de derechos. No es una cuestión menor ni burocrática: es la vida y la dignidad de miles de personas trans migrantes”, ha declarado Mar Cambrollé, presidenta de Plataforma Trans, “La ley es clara, el plazo venció hace más de un año y el Gobierno sigue incumpliendo. Esta inacción mantiene a las personas trans migrantes en una situación de exclusión administrativa que se traduce en discriminación diaria, inseguridad jurídica y vulneración de derechos fundamentales”, ha señalado Cambrollé.

Esta falta de desarrollo normativo impide a miles de personas trans migrantes acceder a documentación acorde con su identidad de género, colocándolas en una situación de grave vulnerabilidad jurídica y social, y generando una discriminación efectiva respecto a las personas trans de nacionalidad española, en contra de los principios de igualdad y no discriminación recogidos en la Constitución y en la normativa internacional de derechos humanos.

Plataforma Trans presentó la queja el pasado 3 de octubre, solicitando que se investigaran las razones de esta inactividad administrativa y que se exigieran explicaciones al Gobierno por el incumplimiento de un mandato legal con plazo expreso. Sin embargo, tras más de tres meses desde su presentación, la organización no ha recibido ninguna respuesta, lo que contraviene lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1981, reguladora del Defensor del Pueblo.

Desde la federación consideran especialmente grave esta situación por afectar a un colectivo en situación de especial vulnerabilidad y por tratarse de una cuestión de evidente interés público vinculada al cumplimiento de una ley estatal en vigor.

“Exigimos una respuesta inmediata y medidas urgentes. Las personas trans migrantes no pueden seguir esperando indefinidamente a que el Estado cumpla su propia ley”, ha concluido Mar Cambrollé.

Plataforma Trans advierte de que, si persiste la inacción institucional, intensificará las acciones políticas, parlamentarias y jurídicas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de todas las personas trans, con independencia de su origen o situación administrativa.