Las principales organizaciones ecologistas rechazan la continuidad de la central nuclear de Almaraz

Las cinco principales organizaciones ecologistas españolas –Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF– expresan su rechazo frontal a cualquier prórroga del plan de cierre de las centrales nucleares españolas y advierten de que la prolongación de Almaraz hasta 2030 sería el prólogo del alargamiento de vida de todo el parque nuclear.
Solicitan al Gobierno de España que no inicie un nuevo procedimiento de autorización para los reactores de Almaraz, especialmente ante los recientes intentos de algunos partidos por frenar el calendario de cierre, como la enmienda presentada por el PP en el Senado la semana pasada, dentro de la Ley de Movilidad Sostenible, para mantener operativos los reactores de Almaraz, Ascó I y Cofrentes.

Las organizaciones señalan que, desde que se alcanzó el acuerdo voluntario de cierre ordenado en 2019, los datos muestran con claridad que la energía nuclear es incapaz de competir con los bajos costes de operación de la eólica y la solar. Cuando el precio mayorista se desploma en las horas centrales del día debido a la producción renovable, la energía nuclear no puede cubrir ni siquiera los costes de su combustible. Por eso, en 2024, Almaraz I paró 16 días y Cofrentes 26 días por razones puramente económicas, una situación que se agudizó en 2025.
El sector nuclear necesita condiciones ventajosas al operar de forma constante y con pocos cambios de potencia, lo que provoca que expulse de la red parte de la producción renovable, al no poder reducir con rapidez y seguridad su potencia. Además, la continuidad de los reactores establece un marco de planificación energética inconsistente que dibuja un horizonte de inseguridad jurídica y un bloqueo renovable que pone en riesgo grave las nuevas inversiones tanto de almacenamiento como de renovables y redes imprescindibles para descarbonizar el sistema.  Durante el reciente apagón, las centrales nucleares no aportaron ni resiliencia ni capacidad para una recuperación temprana, sino todo lo contrario.
La energía nuclear implica costes crecientes y fuertes inversiones para garantizar su continuidad. El alargamiento del funcionamiento más allá de los 40 años supone aceptar un riesgo creciente que exige inversiones millonarias. La prolongación por 10 años de dos reactores belgas de potencia equiparable a Almaraz costará hasta 2.500 millones de euros. La renovación de Garoña, menos de la mitad de potente que Almaraz, implicaba más de 200 millones de euros.  
Las organizaciones denuncian que el oligopolio nuclear lleva meses presionando para evitar pagar por las consecuencias de su negocio, buscando rebajas o la desaparición de tasas destinadas a alimentar un fondo que ya es insuficiente para la gestión durante siglos de los residuos nucleares. Las organizaciones también alertan del legado radiactivo: cada año adicional de operación añade más contenedores con combustible gastado y aumenta el coste de gestionarlos.
Por tanto, denuncian que el incumplimiento del calendario de cierre convertiría en papel mojado el 7º Plan Nacional de Residuos Radiactivos, porque en 2030 habría cuatro reactores de 1.000 MW  para desmantelar, lo que supondría un gran esfuerzo industrial y económico, además de ser lo contrario a un cambio ordenado de tecnología de generación.
“La continuidad de Almaraz es el prólogo del alargamiento de vida de todo el parque nuclear. Ante esta perspectiva, está aún más claro que no se puede permitir que baje la tasa que en estos momentos pagan las centrales nucleares por la futura gestión de sus residuos, por el contrario debería incrementarse”, afirman.  
Con respecto a la enmienda nuclear en la Ley de Movilidad Sostenible, las organizaciones denuncian que este tipo de estrategias legislativas son inaceptables, invaden competencias tanto del operador del sistema como del Consejo de Seguridad Nuclear y de los convenios internacionales y, sobre todo, no ayudan a mantener la credibilidad de los órganos legislativos a la hora de regular una planificación energética de Estado y a largo plazo.
Por último, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF  señalan que la energía nuclear representa una tecnología centralizada, costosa y dependiente de la importación de combustibles de países terceros, lo que compromete la  soberanía energética y se aleja de un modelo de transición justa que sitúe a la ciudadanía en el centro.En este sentido, la península ibérica cuenta con un recurso renovable excepcional, tanto por su abundancia y estabilidad, como por su amplia distribución geográfica. Esto convierte al Estado español en un entorno idóneo para desarrollar un sistema energético plenamente basado en fuentes renovables, eliminando cualquier dependencia de la energía nuclear.

Por todas estas razones, las cinco organizaciones ambientales vuelven a exigir al Gobierno central que mantenga el actual plan de cierre de las centrales nucleares, al considerar esta energía demasiado costosa, centralizada y dependiente de la importación de combustibles de países terceros, además de generar residuos radiactivos de larga duración y riesgos asociados a su gestión. Y concluyen que todo ello supone un obstáculo para la transición energética y la estabilidad de la red eléctrica.