García Sempere reclama al Gobierno que diga “qué opinión le merece que el Supremo reconozca al dictador Franco como jefe del Estado en plena Guerra Civil”
La diputada de IU argumenta en la iniciativa parlamentaria registrada hoy que el “incomprensible error” del Alto Tribunal “significaría legalizar la proclamación de Franco como jefe del Gobierno del Estado español por parte de los golpistas de la Junta de Defensa Nacional en septiembre de 1936”.
Miércoles, 5 de junio 2019.
Izquierda Unida, a través de su diputada Eva García Sempere, ha registrado una iniciativa parlamentaria para saber qué opina el Gobierno de Pedro Sánchez del contenido del fallo que hizo público ayer el Tribunal Supremo para suspender temporalmente la exhumación de Francisco Franco. García Sempere incide especialmente en el argumento de los magistrados que define al dictador como jefe del Estado ya desde el 1 de octubre de 1936, en plena Guerra Civil, obviando la existencia de los legítimos Presidencia y Gobierno de la República.
Por ello, la diputada malagueña de Unidas Podemos interroga directamente al Ejecutivo del PSOE sobre “qué opinión le merece que el Tribunal Supremo reconozca en un auto al dictador Francisco Franco como jefe del Estado en plena Guerra Civil” y si “comparte este pronunciamiento” del Alto Tribunal “sobre quién ostentaba la jefatura del Estado en esa fecha”.
García Sempere razona en su pregunta escrita que este “incomprensible error” significa en la práctica que esta importante instancia judicial reconozca la autoridad de Franco “desde el golpe militar y en plena Guerra Civil, cuando el Estado republicano se asentaba sobre la legalidad de la Constitución Española de 1931 y su presidente era Manuel Azaña”.
“Dicho de otra forma -apostilla-, significaría legalizar la proclamación de Franco como jefe del Gobierno del Estado español por parte de los golpistas de la Junta de Defensa Nacional en septiembre de 1936”.
La parlamentaria andaluza de IU apunta también que “muchos juristas e historiadores, entre otros profesionales, no salen de su asombro al comprobar que el Tribunal Supremo, órgano constitucional que se encuentra en la cúspide del poder judicial español, da legitimidad con esa mención en un auto al golpe de Estado del 18 de julio de 1936”.
De ahí que plantee también al Gobierno que explique, según su criterio, “¿cuáles son los motivos que pueden provocar que desde el Supremo se cometa un error tan lamentable e impresentable?” y “¿qué medidas va a tomar para aclararlo y para que se evalúe con absoluto rigor la figura del dictador?”