La publicidad institucional del Gobierno del PP en Aragón: Un chorreo de dinero público que engrosa las finanzas de medios dependientes de extrema derecha

Aragón es uno de los ejemplos más claros en España de cómo un Gobierno autonómico puede utilizar los fondos públicos de la publicidad institucional para financiar medios y periodistas afines a la derecha radical, sin criterios objetivos y con un impacto directo en el deterioro del pluralismo informativo. Nada de “criterios equitativos”: hablamos de cifras, beneficiarios concretos y un patrón consistente.

La cifra global: millones que no se explican

Según los datos oficiales del Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, asociando campañas desde 2023 hasta finales de 2025, el Ejecutivo de Jorge Azcón ha gastado más de 11,6 millones de euros en publicidad institucional, dinero que se reparte entre medios locales, nacionales y digitales.

En 2025 solo, la partida destinada a publicidad institucional supera los 5,3 millones de euros, prácticamente duplicando lo gastado en 2023.

Los principales beneficiarios: medios con perfil ideológico definido

Los datos de adjudicaciones —publicados por medios independientes tras cruzar los registros oficiales— muestran que algunos de los beneficiarios principales no son medios con gran alcance social o audiencia verificada, sino plataformas digitales estrechamente vinculadas a discursos polarizadores y ataques constantes a adversarios políticos.

• OkDiario (Eduardo Inda): más de 249.000 euros adjudicados en campañas desde 2023 hasta 2025, y más contratos de publicidad que muchos medios tradicionales con más audiencia.
• Libertad Digital + esRadio (Federico Jiménez Losantos): 144.382 euros mediante 68 contratos.
• EDA TV (Javier Negre, con colaboraciones de Vito Quiles): 79.009 euros en campañas institucionales, pese a que el medio ocupa el puesto 296 en audiencia según GfK.
• El Debate: 67.137 euros en publicidad institucional.
• Periodista Digital (Alfonso Rojo, con participación de Bertrand Ndongo): 53.408 euros.
• The Objective: 38.175 euros.

Estas cantidades, sin ser astronómicas individualmente, ponen en perspectiva una elección clara del Gobierno de Aragón: destinar recursos públicos a medios ideológicamente alineados más que a aquellos con más impacto real o relevancia social.

Mientras tanto, medios con audiencia contrastada en Aragón reciben menos:

• eldiario.es, que figura entre los más leídos, recibió 29.700 euros.
• El País, con más audiencia que OkDiario según medidores, cobró 152.863 euros, mucho menos que el digital de Inda.

Un patrón que trasciende Aragón

Este uso partidista de la publicidad institucional no es un caso aislado. En otras comunidades gobernadas por el PP —como Madrid o Galicia— se repite el mismo patrón: millones de euros fluyendo hacia los mismos nombres mediáticos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid la publicidad para OkDiario, Libertad Digital y EDA TV alcanzó casi 900.000 euros solo en 2023.

Además, investigaciones periodísticas recientes estiman que plataformas como EDA TV han recibido casi 700.000 euros en contratos públicos del PP en diferentes administraciones durante los últimos cinco años.

Bulos y desinformación en medios financiados por el PP en Aragón

Varios medios digitales financiados con publicidad institucional del Gobierno del PP en Aragón, como OKDiario (Eduardo Inda), Libertad Digital y EDA TV, han sido señalados en los últimos años por difundir información falsa o manipulada.

Uno de los casos más claros es OKDiario, condenado por el Tribunal Supremo a indemnizar a Pablo Iglesias en 2025 por publicar que había recibido pagos de Venezuela en una cuenta en un paraíso fiscal. La noticia era completamente falsa y vulneró su derecho al honor.

Otros bulos repetidos en estos medios incluyen:

• Cifras falsas sobre inmigración y servicios públicos, que exageran situaciones inexistentes para generar alarma social.
• Historias sobre financiación ilegal de partidos o políticos, muchas veces difundidas sin pruebas y amplificadas por portales ultra-conservadores.
• Noticias manipuladas sobre fenómenos naturales o eventos sociales, que atribuyen responsabilidades o conspiraciones inexistentes.

Verificadores como Maldita.es han documentado decenas de casos recientes de desinformación que circulan en estos medios, mostrando un patrón de difusión de contenidos polarizantes y no verificados. La combinación de dinero público y difusión de bulos preocupa a expertos en pluralismo mediático, porque alimentar medios ideológicos con fondos institucionales erosiona la confianza en la información y debilita la democracia.

¿Qué significa esto para la democracia?

Estos no son sólo números aleatorios; en realidad tienen un gran impacto en la estructura.

El dinero está en todas partes, y no es sólo por lo básico. También es alimentar mentiras, dar a los matones una plataforma y hacer que la gente esté más dividida. Los medios de comunicación en los que confiamos difunden la mayor parte de la información errónea, independientemente de si el gobierno establece algún estándar para la fiabilidad. Se penaliza a medios que no comparten esa línea política, como Público, Infolibre o El Plural, que directamente no reciben ni un solo euro de publicidad institucional en este periodo.

La publicidad institucional, que debería informar a los ciudadanos sobre las políticas públicas, se vuelve blanda para financiar agendas políticas bajo la apariencia legal. El gobierno aragonés alimenta uncircuito mediático fuertemente ideológico hacia la extrema derecha con dinero público querefuerza los discursos reaccionarios, alimenta bulos y desinformación y erosiona el pluralismo de la información.

La trampa legal y el uso partidista

Oficialmente, la Ley de Publicidad Institucional exige criterios objetivos —como audiencia o servicio público— para adjudicar campañas. Pero la práctica muestra que esos criterios no se aplican de forma estricta ni transparente, favoreciendo repetidamente a quienes reproducen narrativas del Gobierno o del mismo PP.

Esto no es simplemente un problema técnico: es una fragilización del debate democrático, porque convierte lo que debería ser información pública en una herramienta de propaganda financiada con dinero de todos.