FSC-CCOO denuncia que el desmantelamiento de la sanidad penitenciaria precariza al personal de enfermería

El desmantelamiento de la sanidad penitenciaria es un hecho incuestionable que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) no soluciona. Las consecuencias son graves y empeoran cada día que pasa para el conjunto del servicio público penitenciario. La falta de recursos sanitarios se ha llevado por delante la atención primaria a la ciudadanía recluida en prisiones, que no por ello ha perdido su derecho a la salud. Hoy las cárceles desarrollan una asistencia de emergencia, que repercute en la salud pública, en la vida regimental de los centros, y en los costos.

En estos momentos, más del 80% de las plazas de médicos y médicas están sin cubrir, lo que provoca que se dejen de tratar adecuadamente y con las consultas pertinentes algunas de las patologías más prevalentes en las cárceles, como las que afectan a la salud mental, enfermedades infecciosas como tuberculosis o VIH, hepatitis, diabetes, así como las adicciones a diversas sustancias.

El modelo de enfermería penitenciaria está obsoleto y totalmente saturado por la carga de trabajo que obliga a las y los profesionales de enfermería a resolver numerosos problemas en centros en los que no se cuenta con un solo médico/a. La saturación del personal de enfermería tiene también consecuencias directas sobre su propia salud, ya que incrementa el número de horas de trabajo por encima de lo legalmente establecido, con guardias y refuerzos continuados.

No es solamente la inseguridad jurídica generada por el cambio unilateral de funciones y el estrés que ello lleva aparejado, sino también la imposibilidad de conciliación. Además, la falta de personal conlleva que existan problemas para recuperar días o disfrutar los de permisos y vacaciones, que los directores/as cuestionan con las recurrentes necesidades del servicio que ellos mismos provocan.

Reiteramos nuestra disposición a negociar la modernización de las funciones del personal de Enfermería, pero esto no pasa por cubrir funciones derivadas de la falta de personal facultativo, que necesariamente entrañan un reconocimiento profesional y retributivo para este personal. La deriva de la precarización no es una opción viable.

Estos cambios de funciones deben de ser negociados, ceñirse al marco legal vigente y estar amparados jurídicamente bajo responsabilidad de la SGIP. Demandamos, en este sentido, que aumente la oferta de empleo público sanitario para prisiones ya que actualmente las relaciones de puestos de trabajo no reflejan la actividad laboral real. La carga de trabajo que soporta el personal de enfermería no puede cronificarse.

Defendemos una sanidad penitenciaria eficiente que garantice derechos fundamentales a la población reclusa. No es solo una necesidad, se trata de un imperativo constitucional que los responsables del servicio público de prisiones incumplen.