FETAP-CGT denuncia que el INSS dejó más de tres años sin pensión a una persona con una discapacidad superior al 65%

Alicante, febrero de 2026.

La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP-CGT) ha denunciado públicamente la situación vivida por un trabajador con una discapacidad reconocida superior al 65%, que ha permanecido más de tres años sin percibir la pensión de jubilación que legalmente le correspondía, como consecuencia de errores administrativos, retrasos injustificados y la falta de respuesta del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Los hechos se remontan a septiembre de 2022, cuando el trabajador solicitó la jubilación anticipada por razón de discapacidad. La persona afectada, con sordera congénita y un proceso progresivo de pérdida de visión, se encontraba además sufriendo una situación de estigmatización y burlas en su entorno laboral. A pesar de contar con un grado de discapacidad superior al 65%, el INSS denegó la solicitud inicial aplicando erróneamente los requisitos previstos para discapacidades del 45%, alegando que su patología no figuraba en el listado del Real Decreto 1851/2009.

La reclamación administrativa previa fue presentada en tiempo y forma, pero el INSS no dio respuesta hasta más de un año después. Durante ese periodo se aportó nueva documentación que acreditaba plenamente la situación de discapacidad, sin que se produjera avance alguno en el expediente. Finalmente, en diciembre de 2023, el INSS dictó una nueva resolución denegatoria, abocando al afectado a acudir a la vía judicial.

La demanda fue interpuesta y defendida por los servicios jurídicos de FETAP-CGT, y el Juzgado de lo Social número 2 de Alicante dictó sentencia el pasado 22 de enero de 2026 estimándola íntegramente. El fallo reconoce el derecho del trabajador a percibir la pensión de jubilación con efectos económicos desde octubre de 2022 y deja claro que, una vez superado el umbral del 65% de discapacidad, no resulta exigible que la dolencia figure en el listado del Real Decreto invocado por el INSS, exigencia aplicable únicamente a los supuestos de discapacidad del 45%.

Desde FETAP-CGT se subraya que este caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de problemas estructurales en el funcionamiento del INSS. Entre ellos, la deslocalización de expedientes entre provincias sin control efectivo, la drástica reducción de la atención presencial en favor de canales telemáticos que dejan fuera a las personas más vulnerables, y la discriminación de las personas con discapacidad auditiva, ya que ni el INSS ni el SEPE disponen de servicios de traducción a lengua de signos.

El sindicato denuncia también un sistema de objetivos y productividades que prioriza las estadísticas y los tiempos medios de resolución de solicitudes iniciales, pero que no contempla la resolución de reclamaciones previas en plazos razonables. Esta lógica provoca que miles de personas queden durante meses o incluso años sin ingresos, mientras las administraciones se amparan en datos globales para ocultar los fallos individuales.

FETAP-CGT advierte de que un porcentaje mínimo de errores en un sistema que gestiona millones de prestaciones se traduce en decenas de miles de familias abocadas a la precariedad. En este caso concreto, el afectado tuvo que sobrevivir gracias a la ayuda de familiares y allegados durante más de tres años, pese a tener reconocido judicialmente su derecho a la pensión.

Por todo ello, FETAP-CGT anuncia que no se quedará de brazos cruzados ante estos hechos. El sindicato trasladará esta situación al Defensor del Pueblo y solicitará la comparecencia de la Dirección General del INSS ante el Congreso de los Diputados, para que dé explicaciones sobre la gestión de las reclamaciones previas, la atención a las personas con discapacidad y un modelo de funcionamiento que, lejos de proteger derechos, está generando indefensión y sufrimiento social.