El Plan Nacional de Ozono no detalla, programa ni presupuesta medidas creíbles para reducir el contaminante del aire más extendido en España

El ozono troposférico es el único contaminante regulado por la normativa de calidad del aire que, quince años después de la entrada en vigor de sus objetivos legales, sigue incumpliéndolos en España de forma territorial amplia, en una decena de comunidades autónomas del centro y el sur cuyos gobiernos vienen reclamando un Plan Nacional de Ozono que coordine políticas a una escala más amplia que la autonómica. 

Durante 2025, sus niveles han sido los más altos desde el año 2015, como consecuencia de las dos intensas y prolongadas olas de calor del verano, el más cálido desde que se dispone de registros. Así, treinta zonas de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid y Murcia, con 18 millones de habitantes, excedieron en el trienio 2023-2025 el nuevo objetivo legal aprobado para 2030.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), el ozono es actualmente el segundo contaminante con un mayor impacto en salud, sólo por detrás de las partículas finas (PM_2,5) y por delante del dióxido de nitrógeno (NO₂). La AEMA cuantifica en 6.500 las muertes prematuras atribuibles al ozono en España durante 2023, y el Instituto de Salud Carlos III estima en 23.000 los ingresos hospitalarios anuales urgentes por ozono.

El Plan Nacional de Ozono es un compromiso del Gobierno de España adquirido en septiembre de 2020 por la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), retomando los trabajos iniciados en 2015. Tras cinco años de estudios científicos preparatorios, cristalizados en el documento “Bases científicas para un Plan Nacional de Ozono”, el MITERD ha expuesto a información pública durante enero el borrador del Plan.

Ecologistas en Acción ha presentado el pasado lunes una veintena de alegaciones a este documento, que considera decepcionante y poco útil para reducir los elevados niveles de ozono en España. De entrada, la propuesta de Plan Nacional de Ozono es meramente declarativa y sin fuerza jurídica, por lo que la organización ambiental demanda al gobierno que establezca con claridad el carácter normativo del Plan y lo apruebe mediante Real Decreto.

También sugiere añadir como objetivos cuantitativos del Plan las reducciones en 2030 respecto a 2019 de las emisiones de contaminantes precursores del ozono propuestas por el informe Bases Científicas para un Plan Nacional de Ozono: el 60 % de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NO_x) del tráfico rodado y marítimo y el 75 % de las emisiones de la industria del refino y petroquímica asociada y de la industria mineral no metálica.

Las medidas propuestas para alcanzar dichos objetivos en estos sectores críticos y en otras actividades claves como el uso de los disolventes orgánicos en sus aplicaciones industriales y domésticas son demasiado vagas y generales, sin el detalle suficiente, la reducción de emisiones perseguida con cada medida ni el presupuesto asociado a cada una de ellas. Es esencial por ello concretar el contenido de las medidas a implementar en los sectores clave.

Respecto al tráfico rodado, Ecologistas en Acción reclama que el gobierno obligue a la implantación sin más demora de Zonas de Bajas Emisiones amplias y eficaces en las 150 ciudades obligadas a ello por la Ley de Cambio Climático, promoviendo el transporte público eléctrico y la electrificación de las furgonetas de reparto, así como carriles bus exclusivos en el acceso a las grandes ciudades, y fomentando la movilidad activa peatonal y ciclista.

La organización ambiental considera esencial que el Gobierno de España promueva decididamente la designación urgente del Mar Mediterráneo como zona de control de las emisiones de los NO_x (NECA), para reducir la elevada presencia de ozono en el litoral, así como evitar la nueva construcción y la ampliación de grandes infraestructuras de transporte como autopistas, puertos y aeropuertos, fomentando el ferrocarril convencional para el transporte de viajeros en áreas urbanas y para el transporte de mercancías en general.

Asimismo, Ecologistas en Acción exige que el gobierno apoye la inclusión del metano en el Protocolo de Gotemburgo que regula a nivel internacional las emisiones de los precursores del ozono, para contribuir a la reducción de los elevados nivel de ozono de fondo en todo el hemisferio norte, estableciendo en España una moratoria de las nuevas macrogranjas y evitando el envío a vertedero de los biorresiduos, fuentes principales del metano en España. 

El gobierno central debe además recuperar en la Ley de Residuos la prohibición general de la quema de residuos vegetales durante la época de alta contaminación por ozono (abril-septiembre), y modificar la Ley de Evaluación Ambiental para que todas las grandes instalaciones de combustión de biomasa se sometan a evaluación de impacto ambiental ordinaria, modelizando sus efectos sobre el ozono e incorporando sistemas de control.

La organización ambiental sugiere incluir en el Plan Nacional de Ozono la medida “Reducción de las emisiones de precursores de ozono en el uso de disolventes orgánicos”, regulando en el Real Decreto sobre disolventes la sustitución del contenido de los mismos en la fabricación y uso industrial y doméstico de pinturas, tintas, adhesivos y sellantes por alternativas más limpias como productos en aerosol o con base de agua.

Finalmente, el Real Decreto de aprobación del Plan Nacional de Ozono debe incorporar en sus disposiciones adicionales la adaptación al mismo en el plazo máximo de un año de los planes autonómicos de mejora de la calidad del aire y los protocolos de actuación en caso de episodios preexistentes y en elaboración, en todas las zonas donde se incumplan los valores objetivo y umbrales de información vigentes y a alcanzar antes de 2030.

Todas estas medidas deben acompañarse durante el verano como mayor periodo de riesgo de campañas informativas a la población, difundiendo los episodios de mala calidad del aire por ozono a través de mensajes específicos en los medios de comunicación y los centros de población sensible (escolares, sanitarios, asistenciales y deportivos), considerándolos como una emergencia más dentro de sus sistemas de alerta sanitaria y de protección civil.