Docentes de Madrid reclama a la Consejería de Educación mediciones de radón en los centros educativos de zonas de riesgo
La Consejería de Educación está obligada legalmente a evaluar este riesgo y a proteger tanto al profesorado como al personal no docente y al alumnado, dado que el radón puede acumularse en espacios interiores y alcanzar niveles superiores a los permitidos si no se controla.
El Sindicato Docentes de Madrid, federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL, ha solicitado formalmente, a través de su Departamento de Salud Laboral, a las Direcciones de Área Territorial (DAT) Madrid-Norte y Madrid-Oeste que inicien de forma inmediata las mediciones de gas radón en los centros educativos ubicados en zonas de actuación prioritaria. Esta obligación está establecida en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 1029/2022 y la Instrucción IS-47 del Consejo de Seguridad Nuclear, que exigen medir los niveles de radón, incorporarlos a la evaluación de riesgos y aplicar medidas correctoras cuando se superen los 300 Bq/m³.
Los centros educativos son espacios laborales ocupados diariamente por profesorado, personal no docente y alumnado, lo que obliga a la Administración, como empleador público, a garantizar su seguridad mediante la identificación y control de este riesgo específico dentro de la prevención laboral.
Docentes de Madrid reclama que las citadas DAT inicien de inmediato las mediciones, integren los resultados en las evaluaciones de riesgos laborales y comuniquen las actuaciones previstas a los representantes del personal, garantizando así el cumplimiento del deber preventivo y del derecho a la información dentro de los centros educativos.
El Sindicato Docentes de Madrid alerta de que la falta de actuación en los centros educativos reproduciría el mismo escenario de riesgo que ya se está produciendo en Atención Primaria, donde la ausencia de medidas está afectando a miles de trabajadores expuestos. Por ello, consideramos imprescindible que la Consejería de Educación no repita el mismo patrón de inacción y actúe con antelación antes de que se confirmen niveles elevados en los edificios escolares.
La gestión del riesgo por radón no puede seguir esperando: la normativa es clara y la Administración debe aplicarla con rigor, transparencia y coordinación.
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