La asociación vecinal del Ensanche de Vallecas rechaza el nuevo contrato de 15 años para la incineradora de Valdemingómez y alerta de su falta de adaptación a la normativa europea
- La AV PAU del Ensanche de Vallecas denuncia que la planta de Las Lomas opera bajo una “orden de continuidad” desde el 1 de enero de 2026, tras expirar su anterior contrato sin que el Ayuntamiento haya formalizado aún la nueva adjudicación.
- El colectivo vecinal, que cuenta con el firme apoyo de la FRAVM, considera el nuevo canon de compensación para el distrito de Villa de Vallecas un reconocimiento implícito de los efectos nocivos de la incineración sobre la salud.
- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener abierta la petición presentada por las irregularidades de la planta por el incumplimiento de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) que la UE exige desde diciembre de 2023.

Madrid, 5 de marzo de 2026.
La Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas ha manifestado en un comunicado su rotundo rechazo a la decisión del Ayuntamiento de Madrid de licitar la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos de Las Lomas por un periodo de 15 años. Esta medida, autorizada el pasado 19 de febrero, supone para la entidad, en sintonía con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), una apuesta decidida por perpetuar el modelo de incineración en el sureste de la capital, desoyendo la reivindicación histórica de miles de familias que exigen un plan de cierre definitivo para proteger su salud.
Un horizonte de cierre «decepcionante» e hipotético
La asociación denuncia que el nuevo contrato solo contempla el cierre de la incineradora a partir de 2035 como una posibilidad remota, supeditada a que se cumplan los objetivos legales de vertido máximo del 10%. Para el colectivo vecinal, este horizonte es «tremendamente decepcionante», ya que carece de un compromiso político firme y de un plan de desmantelamiento efectivo. Lejos de reducir la actividad, el contrato prevé inversiones para mejorar las instalaciones que, según temen la entidad y la FRAVM, buscarán aprovechar al máximo la capacidad de la planta, lo que podría derivar en un aumento de la emisión de gases nocivos potencialmente cancerígenos en el entorno residencial.
Operación en el limbo legal y administrativo
El colectivo barrial ha puesto el foco en la situación de provisionalidad administrativa en la que se encuentra actualmente la instalación. El anterior contrato de explotación expiró el 31 de diciembre de 2025, por lo que, desde el 1 de enero de 2026, la planta opera únicamente mediante una “orden de continuidad”. Teniendo en cuenta que el plazo para presentar ofertas a la nueva licitación termina el 25 de mayo, la entidad vecinal advierte que la incineradora acumulará al menos cinco meses funcionando sin contrato oficial, repitiendo el escenario de 2020, cuando esta situación de provisionalidad se prolongó durante 19 meses.
Incumplimiento de la normativa europea de emisiones
En el plano técnico, la asociación recuerda que la planta de Las Lomas no se adaptó a las Conclusiones sobre Mejores Técnicas Disponibles (MTD o BAT por sus siglas en inglés) publicadas por la Unión Europea en diciembre de 2019, cuyo plazo de cumplimiento expiró en diciembre de 2023. Ante esta vulneración de la normativa ambiental, la FRAVM y la AV PAU del Ensanche de Vallecas impulsaron una petición de investigación ante el Parlamento Europeo. A pesar de que el Partido Popular Europeo (PPE) intentó cerrar dicha investigación hace apenas unos días, la Comisión de Peticiones votó a favor de mantenerla abierta, confirmando que la gestión de Valdemingómez está bajo la lupa de Bruselas.
La compensación económica: un reconocimiento implícito de los efectos nocivos
Especialmente relevante para el colectivo vecinal es la inclusión en el contrato de un canon anual del 5% de los ingresos por venta de energía eléctrica (con un mínimo de 500.000 € y un máximo de 1.000.000 de euros) que la empresa adjudicataria deberá abonar para inversiones en Villa de Vallecas. Esta medida constituye “un reconocimiento implícito de los efectos nocivos”: al ofrecer una compensación económica, el Consistorio deja de negar los efectos nocivos de los gases, asegura la entidad. Sin embargo, califica de «ridícula» una cuantía que apenas supone entre 4 y 8 euros por habitante del distrito. «Nuestra salud no se vende», sentencian desde el movimiento vecinal, insistiendo en que las políticas de reequilibrio territorial no pueden utilizarse para compensar el hecho de que Vallecas siga gestionando los residuos de todo el municipio a costa de los pulmones de sus vecinos mientras cuestiones como la infradotación de servicios y un justo reequilibrio territorial no son abordadas.
Exigencias del movimiento vecinal
Ante la gravedad de los hechos, la asociación vecinal, con el apoyo de la FRAVM, reclama:
- Un plan de cierre de la incineradora de Valdemingómez claro, calendarizado y verificable, en el menor tiempo posible
- Cumplimiento inmediato y verificable de las MTD/BAT y máxima transparencia en permisos, controles y resultados. La incineradora deberá parar su funcionamiento mientras no cumpla las MTDs.
- Políticas de reequilibrio y dotaciones para el Ensanche de Vallecas y el distrito: sí, pero no a costa de la salud de las personas que residen en el entorno de la planta.
- Licitación y puesta en marcha de un contrato de mediciones mensuales en inmisión de contaminantes orgánicos persistentes, en el entorno de los 10 km del Parque Tecnológico de Valdemingómez, realizadas por un organismo o empresa de independencia acreditada y que dé público acceso a los datos de forma transparente y continua.
- La creación de una Comisión de Seguimiento del Plan de Cierre de la incineradora de Valdemingómez, participada por entidades sociales, vecinales y ecologistas.
- La aprobación de una nueva Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos para la Ciudad de Madrid, orientada a reducir de forma significativa la generación de residuos y a gestionarlos bajo los principios de la economía circular, el respeto al medio ambiente y el cuidado de la salud pública, que descarte la incineración de residuos.
- Ordenar el uso de bioensayos para controlar las emisiones de compuestos orgánicos persistentes (COP) de las instalaciones de combustión de residuos.
