FSC-CCOO solicita investigar el conflicto del pesquero Beti Aingeru por posibles incumplimientos laborales y de Seguridad Social

Ha instado a la Inspección de Trabajo y la Capitanía Marítima a iniciar las pesquisas oportunas para determinar qué es lo que ha ocurrido y cuál es la situación laboral de las personas a bordo.
El Sector del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) ha solicitado una investigación urgente y coordinada ante la Capitanía Marítima de Gijón y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de Asturias sobre el bonitero vasco Beti Aingeru, atracado en El Musel.
Esta acción surge tras la alerta de un presunto motín a bordo y las declaraciones del patrón y armador, quienes acusan a algunos tripulantes de agresión y negativa a trabajar.
La investigación debe esclarecer las causas laborales del conflicto
CCOO considera que, más allá de la versión de los responsables del buque, es imperativo que las autoridades verifiquen si el conflicto a bordo está motivado por incumplimientos graves en materia laboral y de protección social, especialmente en un sector con alta dependencia de mano de obra migrante:
- Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS): Se ha solicitado que investigue de forma prioritaria el posible fraude a la Seguridad Social. Se exige la verificación documental de que la totalidad de los tripulantes, incluyendo a los extranjeros, se encuentran dados de alta y cotizando legalmente en el Régimen Especial del Mar.
- Capitanía Marítima (Control del Estado de Bandera): Se requiere que se comprueben las condiciones de vida y trabajo a bordo, así como la seguridad, conforme al Convenio 188 de la OIT y el Real Decreto 618/2020 (que establece mejoras en el sector pesquero), verificando que las condiciones a bordo son dignas y seguras.
La denuncia es una defensa de la legalidad y la dignidad
Juan Manuel Trujillo Castillo, responsable de la Sección de Pesca del sector del Mar de FSC-CCOO, cree que el supuesto motín a bordo del Beti Aingeru “es un síntoma de un problema más profundo. Es nuestra obligación exigir a las administraciones que intervengan para investigar si la negativa a trabajar o los altercados denunciados por el armador son consecuencia de condiciones laborales irregulares, falta de alta en la Seguridad Social o incumplimientos del RD 618/2020. No puede haber tolerancia con el fraude laboral ni con la explotación en la mar. La inspección debe determinar si el origen del conflicto es la falta de seguridad y de derechos».
El sindicato insta a la Capitanía Marítima y a la ITSS a actuar de forma inmediata mientras el buque permanece atracado en Gijón para garantizar el cumplimiento de la legalidad en el sector pesquero español.