Impugnan la designación de seis minas en España como “proyectos estratégicos” de la UE

Las entidades demandantes denuncian que la Comisión Europea no ha hecho público ningún documento de evaluación motivada sobre la sostenibilidad ambiental, social o legal de estos proyectos. Además, se ha denegado sistemáticamente el acceso a la información, lo que contraviene la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio de Aarhus.

Este, coordinado por Ecologistas en Acción, representa un esfuerzo conjunto de plataformas vecinales, movimientos ecologistas y juristas ambientales para defender los derechos de los territorios rurales y las comunidades locales frente a una transición energética convertida en nuevo extractivismo.

Los argumentos jurídicos esgrimidos en el recurso son que estos proyectos seleccionados:

• No cumplir los requisitos de sostenibilidad exigidos por la CRMA (art. 6.1.c), ni con la legislación europea sobre aguas, hábitats o participación pública.

• Vulneran principios fundamentales como el de precaución ambiental (art. 191 TFUE), y los derechos a la vida, salud y medio ambiente sano.

• Carecen de evaluaciones de impacto completas, o se basan en documentos falseados, fragmentados o ya anulados por sentencias judiciales.

Las minas designadas como proyectos estratégicos tienen antecedentes de ilegalidad y daño ambiental:

• La mina Las Cruces (Sevilla), la empresa promotora ha sido condenada por delito ambiental y la mina ha contaminado de forma reiterada el acuífero Niebla-Posadas, que abastece a millas de personas. También acumula sentencias urbanísticas y conflictos por falta de restauración. 

• La mina Aguablanca (Extremadura /Andalucía), operó sin permisos en su día y ahora quiere operar con una Declaración de Impacto Ambiental que ha caducado legalmente. Había ya causado pérdida de biodiversidad en la Rivera de Cala y contaminación de las aguas con superación de límites de mercurio, cadmio y selenio.

• La mina La Parrilla (Extremadura), cerrada y multada por contaminación grave, esta mina de wolframio ha dejado una importante huella contaminante. No existe plan de restauración efectivo ni control de lixiviados. Pese a haber recibido subvenciones públicas, debe a los acreedores y proveedores hasta 200 millones. 5 millones a proveedores de la zona.

• El proyecto Las Navas (Cáceres), con posible fraude en los derechos mineros, incumplimiento de la ley de transparencia, daños cuantitativos y cualitativos en las masas de agua del entorno y varios problemas para la salud: contaminación de las aguas, dispersión de contaminantes en el aire por la pirometalurgia para obtener hidróxido de litio, derivado de litio que está clasificado por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) como toxina reproductiva de categoría 1A. También afectaría a varias especies protegidas.

• El proyecto Mina Doade (Galicia), este proyecto de litio en una zona de viñedo de la Ribeira Sacra ha generado una fuerte oposición social, con indicios de expropiaciones irregulares y acoso a activistas. La afección al paisaje y al tejido productivo local es incompatible con el desarrollo rural sostenible.

• El proyecto El Moto (Ciudad Real), situado en una zona crítica por escasez hídrica, el proyecto afecta a cauces naturales y hábitats de especies como el lince ibérico y el buitre negro. La evaluación de impactos acumulativos brilla por su ausencia y la comunidad local no ha sido consultada.

Las organizaciones demandantes exigen la revocación inmediata del estatus de “proyecto estratégico” para estas minas, y recuerdan que la verdadera transición verde no puede construirse destruyendo ecosistemas, contaminando acuíferos y vulnerando derechos humanos.