«Día Mundial del Medio Ambiente: continúa un retroceso alarmante en conservación en la Comunidad de Madrid»

Con motivo de la celebración, el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, la Plataforma Ecologista Madrileña, formada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, el Grupo de Acción Para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura , alerta sobre el desmantelamiento progresivo de las políticas de protección ambiental, ocultadas bajo discursos grandilocuentes relativos a la gran superficie protegida con la que cuenta la Comunidad de Madrid.

Un año más, el Gobierno regional ha impulsado o aprobado reformas legislativas que suponen un claro retroceso en materia de conservación. Se flexibilizan normativas para permitir construcciones en suelo rústico, se debilitan los controles urbanísticos y se abren las puertas a proyectos que comprometen la integridad de ecosistemas frágiles. Estas decisiones políticas, muchas veces justificadas en aras del “desarrollo económico” o la “agilización administrativa”, ignoran deliberadamente a la comunidad científica que advierte sobre sus consecuencias irreversibles.

La Ley de Economía Circular no aborda, de forma integral, la sobreproducción de residuos consecuencia, en buena medida, del exceso de consumo de productos envasados y embalados. La Estrategia de Energía Clima y Aire posterga sine die la elaboración y aprobación del necesario Plan para combatir la contaminación por ozono en la Comunidad, a pesar de los elevados niveles de este contaminante que soportan la población y el medio ambiente madrileños desde hace más de una década. La Ley de Medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio , facilitará la construcción en cualquier clase de suelo, incluso si los ayuntamientos se opusieran, mediante la creación de nuevos instrumentos como los planos territoriales o la modificación de los proyectos de actuación regional. La misma ley elimina obstáculos a la tala del arbolado urbano y recupera la autorización de la mutilación (orejas y rabo) y el hacinamiento de perros de caza. El control de poblaciones de jabalí para prevenir accidentes , aprobado por la Dirección General de Biodiversidad es el primer paso para avanzar en eliminaciones masivas de especies cinegéticas, ante la incapacidad de gestionar adecuadamente la fauna silvestre. A esto hay que sumar la nueva ley de caza y pesca fluvial cuya tramitación se ha iniciado y que pretende ampliar el abanico de especies que pueden ser abatidas en la región, como es el caso de numerosas aves acuáticas.

A esta deriva legal se suma una preocupante inacción administrativa. No se responde a la mayoría de las solicitudes de información ambiental . Las denuncias por vertidos a ríos y arroyos se acumulan sin respuesta aunque se encuentren en espacios protegidos y se sigue autorizando la liberación de toneladas de ejemplares de especies de peces invasores en las cabeceras de los ríos madrileños. Los vertederos y vertidos ilegales proliferan sin que se actúe con contundencia (en los últimos años solo se ha retirado el vertedero, junto al río Jarama, en San Fernando de Henares, y tras varios años de denuncias) y las vías pecuarias —auténticos corredores ecológicos y parte de nuestro patrimonio histórico— sufren un abandono crónico por falta de presupuesto y voluntad política. El resultado es un deterioro silencioso pero constante de nuestro entorno natural, que afecta tanto a la biodiversidad como al bienestar de la ciudadanía.

Los ríos madrileños siguen convertidos periódicamente en cloacas a cielo abierto, con aguas contaminadas por las deficientes depuradoras del Canal de Isabel II, con los cauces llenos de toallitas y especies invasoras. Sólo las grandes crecidas de comienzo de año han aliviado temporalmente este desastre sanitario y ambiental. Aguas con las que, sin ningún tratamiento, se siguen regando 11.000 has de cultivos.

Frente a esta situación, resulta inadmisible que las autoridades regionales se defiendan aludiendo a la supuesta gran superficie incluida en figuras de protección porque esa protección no existe al estar desmantelándose mediante un sinfín de normativa. El resultado es que existen parques regionales y espacios Red Natura 2000 pero, incluso en estos enclaves, se puede cazar, construir e instalar todo tipo de actividades económicas incompatibles con su conservación.

La Plataforma Ecologista Madrileña exige un cambio de rumbo inmediato: la derogación de las normativas regresivas, la dotación presupuestaria suficiente para la conservación y gestión del territorio, el refuerzo de los controles urbanísticos y el cumplimiento efectivo de las leyes ambientales. La defensa del medio ambiente no puede ser opcional ni postergable.

En un contexto de emergencia climática y pérdida acelerada de biodiversidad, mirar hacia otro lado equivale a ser cómplice del deterioro. La protección del entorno natural debe dejar de ser un discurso de ocasión para convertirse en una prioridad política transversal.