Unidos Podemos solicita la reposición de la prestación económica para las cuidadoras no profesionales de personas dependientes

La ley 39/2006 de 14 de diciembre de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia reconocía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Los apartados 2 y 3 estaban dirigidos a los cuidadores no profesionales dejando constancia de su protección legal mediante las cotizaciones del Estado a la seguridad social. Esas personas, en su mayoría mujeres, atendían a familiares dependientes con grado dos y tres de dependencia, es decir moderada y grave. La medida fue apoyada con una amplia mayoría parlamentaria.

Sin embargo, en julio de 2012, el Partido Popular, mediante Real Decreto (Real Decreto-ley 20/2012), estableció la eliminación de la financiación estatal de las cotizaciones de la seguridad social de las cuidadoras no profesionales, argumentando razones de crisis económica y recesión, de acuerdo a su modelo de estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Esta medida afectó especialmente a las mujeres (que suponen el 84 % de los cuidadores no profesionales). Las 170.000 cuidadoras que estaban inscritas en la Seguridad Social, tras la entrada en vigor del mencionado Real Decreto, pasaron a ser apenas 10.000.

Teniendo en cuenta el desmantelamiento del sistema público de los servicios sociales, la ciudadanía ha sido despojada paulatinamente de los derechos básicos inherentes a un estado democrático.

Por eso, desde Unidos Podemos planteamos la necesidad de recuperar la seguridad social para las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a las cotizaciones de la Seguridad Social, restableciéndolas a través de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Para eso, exigimos el cumplimiento del modelo de financiación acordado al 50% para CCAA y 50% para la Administración General del Estado, ya que actualmente, la Administración General del Estado aporta el 18% y las CCAA el 81,9%.

Asimismo, consideramos imprescindible el fomento de los servicios públicos, universales y de calidad de atención a las personas en situación de dependencia (prevención, teleasistencia, ayuda a domicilio, Centros de Día y de Noche, etc) para que la persona en situación de dependencia o la persona cuidadora puedan optar con carácter compatible, no excluyente, a este catálogo de prestaciones y servicios. Igualmente, solicitamos el reconocimiento del derecho a percibir la prestación por desempleo de las cuidadoras no profesionales con el fin de que no queden desamparadas cuando haya finalizado su labor.

También proponemos la necesidad de garantizar el derecho a la formación profesional para que puedan reincorporarse al mercado laboral una vez que se conviertan en ex cuidadoras no profesionales. De igual manera, será necesario garantizar su derecho a la prestación por maternidad y paternidad y a prestación por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural.