Audita Sanidad vuelve a denunciar el uso abusivo de contratos menores en la sanidad madrileña

Mañana, jueves 4 de noviembre de 2025, a las 12:00 horas la Asociación Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), junto con la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad presentarán una denuncia ante la en el Registro del Ministerio de Hacienda (C/Alcalá, 9 en Madrid), por el uso abusivo de los contratos menores por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante el año 2020. A continuación se presentará también una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

La excepción se vuelve la regla

En 2020, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el SERMAS adjudicaron 408.133 contratos menores por 900 millones de euros. Es decir, los contratos menores representaron el 99,5% de todos los contratos consolidándose como regla y no excepción.

Pese a que la figura del contrato menor está pensada para agilizar compras puntuales y favorecer a las PYMES, el informe de Audita Sanidad muestra que farmacéuticas y de tecnología médica. Solo las 20 primeras empresas concentran el 21,7% de los contratos y el 35,6 % del valor (Roche, Medtronic, Novartis, Janssen, Pfizer, Johnson & Johnson, etc.).

Aunque la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público prohíbe el fraccionamiento de contratos, la práctica observada es la contraria: múltiples contratos menores, repetidos, con un mismo proveedor para un mismo producto, por importes que habrían justificado una licitación pública. Esto se documenta con detalle en hospitales como el Clínico San Carlos, La Paz, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Infanta Cristina, entre otros.

Entre 2016 y 2020 se adjudicaron a dedo en la sanidad madrileña 2,35 millones de contratos menores por más de 4.000 millones de euros. Aplicando la estimación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia – CNMC (sobrecostes del 25% cuando no hay competencia), el uso abusivo del contrato menor habría generado unos 818 millones de euros de sobrecostes. Con esa cantidad se podrían haber financiado 82 centros de salud o contratado a 14.600 médicos de Atención Primaria durante un año, según los cálculos del informe.

Más allá de la cifra económica, Audita Sanidad subraya que esta mala utilización del dinero público vulnera los principios de transparencia, concurrencia e igualdad ante la ley, y compromete el derecho a la salud, reconocido en la Constitución y en tratados internacionales.

El informe reclama:

• Investigaciones a fondo por parte de los organismos con responsabilidad fiscalizadora sobre el uso abusivo de contratos menores y el fraccionamiento de contratos en la sanidad madrileña.

• Reformas legales para que la ciudadanía y asociaciones puedan activar fiscalizaciones cuando aporten documentación.

• Garantizar la independencia real de las Intervenciones Generales frente a los gobiernos autonómicos.

En resumen, Audita Sanidad denuncia que el abuso de contratos menores en la sanidad madrileña encarece la contratación, favorece a grandes corporaciones, erosiona la sanidad pública y vulnera derechos humanos básicos.

Audita Sanidad (Grupo de Trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad).