Connivencia criminal: empresas israelíes controlan sistemas de espionaje y seguridad del Estado español y de la Generalitat de Cataluña

Según la investigación publicada hoy por La Directa, estas compañías vinculadas al aparato militar y de espionaje israelí responsable del genocidio contra el pueblo palestino, gestionan sistemas de vigilancia e interceptación de comunicaciones de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y otros cuerpos policiales del Estado como por ejemplo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 

Esto significa que, mientras Israel comete un genocidio contra el pueblo palestino con una cifra oficial de más de 67.000 personas asesinadas (algunos informes hablan de 600.000 personas palestinas asesinadas por Israel), la Generalitat de Cataluña y el Gobierno español mantienen, e incluso renuevan, contratos multimillonarios con empresas israelíes responsables de crear, desarrollar y exportar tecnología de guerra, represión y espionaje. A pesar de que, como explica la noticia de La Directa, justifican la adjudicación contractual alegando que se trata de “la única empresa que puede ejecutar el objeto del contrato”, se omite que esta tecnología ha sido desarrollada y probada durante décadas contra el pueblo palestino. Algunas de estas empresas fabricantes lo publicitan con la etiqueta de “probados en combate”, presentándolo como un valor añadido en su oferta comercial. 

A mediados de 2024, poco después de la investidura de Salvador Illa como President de la Generalitat, la Dirección General de la Policía de la Generalitat adjudicó a Excem Grupo 1971 S.A. el Servicio Integrado de Intercepción y Monitorización de las Comunicaciones (SILTEC), por un valor de más de cinco millones de euros (2024–2028).

Esta empresa, vinculada al sector de defensa israelí, instalará y supervisará un software capaz de interceptar, copiar y desencriptar cualquier comunicación móvil. Este no es un contrato más, es una muestra de una colaboración estructural entre el gobierno de Cataluña y la industria tecnológica del genocidio israelí. 

Tal como se detalla en el artículo publicado en La Directa, el 11 de septiembre de 2024, Philip Hatchwell, donante habitual del partido Likud de Benjamin Netanyahu, fue nombrado administrador único del grupo Excem. Esto hizo que un contrato clave para la seguridad catalana acabara siendo gestionado por laélite empresarial sionista. 

El 8 de octubre de 2025, el Tribunal Supremo español denegó la desclasificación de los documentos que podrían acreditar la implicación directa del CNI y de diversas empresas israelíes, como NSO Group, desarrolladora del software Pegasus. Dicha información permanece reservada y amparada por la vigente Ley de Secretos Oficiales, de origen franquista. La resolución del Tribunal Supremo se enmarca en la investigación penal en curso relativa al presunto espionaje del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. Su caso forma parte de la denominada trama de espionaje político conocida como Catalan Gate, revelada en abril de 2022, en la que, según las investigaciones, hasta 65 personas habrían sido espiadas mediante el software Pegasus. La sentencia dictada por la magistrada Pilar Teso Gamella, reconoce parcialmente la autorización de estos espionajes por parte del juez de control del CNI, pero sigue ocultando toda la información relativa al origen, contrato, uso y pago del software de espionaje israelí por parte de la agencia de inteligencia del gobierno español.

Pocas semanas después, el Congreso de los Diputados aprobó un Real Decreto Ley que pretende limitar el tránsito de armas y tecnología militar israelí. 

La campaña Fin al Comercio de Armas con Israel ha identificado un nuevo contrato adjudicado el 28 de octubre a EXCEM GRUPO 1971 S.A. por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Al documento se puede acceder a través de  la Plataforma de Contratación del Sector Público del gobierno español. El objeto contractual se define como el “servicio de soporte y mantenimiento del Sistema de Interceptación y Monitorización de las Comunicaciones (SIMON) del Departamento de Aduanas e II.EE.”

Tal como revela La Directa, el programario de Excem que ha instalado la policía catalana, incluye una actualización del sistema Reliant, el mismo que usó la Guardia Civil y la policía española para espiar a los líderes independentistas después del 1 de octubre de 2017, y que es el que sigue usando el Ministerio del Interior del Gobierno. 

La información publicada hoy confirma una red continuada de contratos y acuerdos entre empresas israelíes de defensa, ciberseguridad y espionaje e instituciones españolas y catalanas. A pesar de las denuncias públicas y de la aprobación de medidas parciales de control a la exportación e importación de material militar israelí en el Real Decreto Ley, estas relaciones se han mantenido y ampliado durante las últimas legislaturas, tanto a nivel estatal como catalán.

La soberanía institucional de Cataluña y del Estado español no puede estar subordinada a un Estado genocida y ocupante. Los vínculos se extienden a empresas como NSO Group , utilizadas en casos de espionaje político en el Estado español, así como a la presencia y coordinación de agentes y asesores israelíes en operativos policiales realizados en territorio catalán. Un ejemplo de ello sería la actuación policial en Barcelona y Manresa relacionada con el equipo israelí del Hapoel Jerusalén el pasado 15 de octubre.

Estos hechos, documentados por La Directa, revelan una grave dependencia institucional de tecnologías y servicios procedentes del aparato genocida israelí. Desde la RESCOP denuncían que “no pueden existir vínculos de ningún tipo con las empresas militares y de seguridad israelíes. Contribuir a esta industria supone colaborar en el desarrollo económico y tecnológico israelí, y por tanto, formar parte de la cadena de suministro de la ocupación, el apartheid, el genocidio y el colonialismo israelíes en Palestina.” En un contexto de genocidio y colonialismo, resulta altamente preocupante  que las instituciones españolas y catalanas no estén adoptando las medidas urgentes para ponerle fin —embargo y ruptura de relaciones—, sino que, por lo contrario, continúencontribuyendo al desarrollo económico y militar israelí, alimentando así su entramado de complicidades.

Por ello, desde la Coalició Prou Complicitat amb Israel, la RESCOP y la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel exigen:

1. La rescisión inmediata de todos los contratos de la Generalitat de Cataluña y del Estado español con empresas israelíes vinculadas al espionaje, la defensa, la seguridad o la ciberseguridad.
   
2. La desclasificación de información que permita transparencia total sobre los acuerdos y contratos con Excem, NSO Group, Verint, Cognyte y otras corporaciones israelíes por parte de las instituciones de la Generalitat y del Estado español.
   
3. La investigación parlamentaria urgente sobre la presencia de agentes israelíes en dispositivos policiales en nuestro territorio y su coordinación con los diferentes cuerpos policiales en cada territorio.
   
4. La aprobación de todas las enmiendas necesarias para que el Real Decreto Ley se convierta en un embargo de armas integral y efectivo, incluyendo también la ciberseguridad.
   
5. La depuración de responsabilidades políticas dentro del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y del Gobierno del estado español , no solo por haber avalado o silenciado estos vínculos, sino también por haber contribuido a su fortalecimiento.

Precisamente por la falta de medidas adoptadas por parte de las administraciones catalanas, la Coalición Prou Complicitat amb Israel, la Comunidad Palestina de Cataluña y La Fira en la Mira convocan una concentración el martes 4 de noviembre a las 8:30 de la mañana frente a la Fira de Barcelona, recinto Gran Via, para denunciar la inacción institucional ante la presencia y normalización de empresas israelíes en la capital catalana. Asimismo, la movilización tiene el objetivo de exigir que el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña adopten medidas vinculantes que garanticen que el recinto de la Fira de Barcelona no sea un espacio de complicidad con gobiernos o empresas implicadas en el genocidio del pueblo palestino.