LTNEC: «En materia de infancia, el PSOE no puede escuchar mas a la Fundación Toro de Lidia que a a Plataforma de Infancia»

La nueva Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia pronto verá la luz y parece que no viene exenta de debate.

A pesar de ser una ley que busca proteger a la infancia y adolescencia de todo tipo de violencia, el gobierno se resiste a incluir la recomendación que ha hecho a España el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, órgano que vela por el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, que España ratificó en 1990 .

En las Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España del 12 de febrero de 2018 (CRC/C/ESP/CO/5-6) en su Sección E Violencia hacia la infancia, párrafo 25, que señala: “Con el fin de prevenir los efectos perjudiciales de la tauromaquia en los niños, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de menores de 18 años como toreros o como espectadores de eventos taurinos”.

Pero no solo el órgano de Naciones Unidas ha hecho tal petición al gobierno. Este requerimiento se encuentra también entre las propuestas de enmienda a la Ley presentadas por el principal colectivo por los derechos de la infancia en España, la Plataforma de Infancia, que reúne a 68 organizaciones. En su punto 60 señala: “Las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, velarán para que su legislación relativa a espectáculos públicos y actividades recreativas prohíban la asistencia o participación de personas menores de edad a espectáculos taurinos o cualquier otro espectáculo donde se lesione o mate a animales. Las administraciones públicas procurarán establecer los mecanismos de fiscalización adecuados para verificar el cumplimiento de esta prohibición.”

Según fuentes internas, el PSOE no desea incomodar al ya iracundo lobby taurino, y prefiere no incluir nada al respecto en la ley. Podemos, por su parte, habría presentado una enmienda para limitar la participación en festejos taurinos a mayores de 16 años, lo que tampoco convence al colectivo de organizaciones y expertos de infancia, que insisten que deben ser los 18 años.

Como consecuencia, el Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI), ha escrito al presidente y la comisión de infancia del Congreso, instándoles a que pongan el interés superior de la infancia por encima del interés del sector taurino. «Una Ley contra la Violencia a la Infancia y la Adolescencia no puede ignorar las recomendaciones que al respecto ha hecho a España la máxima instancia en derechos de la infancia de la ONU». 

A la carta se han adherido Mensajeros por la Paz, Movimiento Scout Católico (Scouts MSC), recientemente nominados al Premio Nobel de la Paz, el Colegio Oficial de la Psicología de Islas Baleares, el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura, Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana (COEESCV), la Fundación Social Universal, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla, la Fundación Mundubat, la Fundación Akwaba y la Asociación Infancia, Cultura y Educación.

Además se han sumado a la misma personalidades como Federico Mayor-Zaragoza, Francesco Tonucci, Ramón Flecha, Jorge Barudy, Miguel Ángel Santos Guerra, o Nuria Querol i Viñas. Con el mismo objetivo se han dirigido también al gobierno dos ex vicepresidentes del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Sara Oviedo Fierro y Norberto Linski y un ex miembro del mismo, Marilia Sardenberg.

La presidenta de la Plataforma La Tortura No Es Cultura  Marta Esteban Miñano, va más allá y denuncia que millones de euros se dedican cada año a enseñar a niños y niñas a torturar hasta la muerte a becerros y novillos. «Es vergonzoso que, con el 48,7% de la población infantil de Badajoz en riesgo de pobreza- y son datos anteriores a la pandemia- la diputación dedique un millón de euros a la escuela de tauromaquia.  En Madrid, Almeida acaba de dedicar al menos la misma cantidad a la Escuela del Batán. Otros ejemplos son Salamanca que dedica 200.000 euros, Albacete, 75.000 euros, Toledo 131.000; Málaga, 108.000; Valencia, 1 millón entre escuela, museo y exposiciones; Murcia 60.000 y así podríamos seguir indefinidamente. «

Y añade:  «No solamente no les importan los derechos de la infancia, sino que utilizan fondos públicos para enseñarles a torturar animales. Estos fondos deberían dedicarse a erradicar la pobreza infantil, rampante en nuestro país, y no a fomentar el maltrato animal entre la infancia y la juventud, poniendo en riesgo su integridad física y mental». 

Esteban señala a un principal responsable de que esto siga siendo así o no:

«Si el PSOE no incluye en la nueva ley el límite de edad para participar como espectadores o apredices de toreros en 18 años, es que, en materia de infancia,  le importa más lo que diga la Fundación Toro de Lidia que la Plataforma de Infancia, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU y a los expertos nacionales e internacionales que se lo han pedido. Ni más ni menos.», sentencia.