España autoriza ilegalmente que el sector azucarero emplee un insecticida letal para las abejas 

El pasado 19 de enero de 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que otorgar autorizaciones excepcionales para el tratamiento de semillas con plaguicidas prohibidos, como los neonicotinoides, no se ajusta a la legislación europea (en este caso, al artículo 53 del Reglamento 1107/2009 de comercialización de productos fitosanitarios).

Haciendo caso omiso a esta sentencia, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (en adelante, MAPA) mantiene, a día 1 de febrero de 2023, una autorización excepcional para tratar la semilla de remolacha azucarera con productos formulados a base del insecticida neonicotinoide prohibido tiametoxam. Otros países europeos, como Francia, ya han retirado estas autorizaciones ilegales.

El tiametoxan, del gigante Syngenta, es un insecticida neonicotinoide prohibido en Europa en 2018 por su elevada toxicidad para los insectos polinizadores, ya que puede llegar al polen y el néctar de las plantas. Su relación directa con el colapso de las colonias de abejas melíferas ha motivado que un reglamento de ejecución europeo prohíba su uso para tratar semillas.

Sin embargo, el MAPA ha concedido al sector azucarero repetidas autorizaciones excepcionales para que empleen este insecticida. Estas autorizaciones no se justifican por plagas o falta de alternativas, tampoco han estado debidamente argumentadas científicamente y se han concedido año tras año de forma rutinaria, sin otra razón que el mantenimiento de los beneficios del sector, como Ecologistas en Acción ha denunciado en diversos informes.

En esta ocasión, Ecologistas en Acción denuncia también la falta de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo y la opacidad del MAPA que no hace pública esta autorización en el registro de autorizaciones excepcionales vigentes, revisado a 22 de diciembre de 2022. Tampoco ha cumplido su obligación de informar a la Comisión Europea sobre esta autorización excepcional ya que, a 1 de febrero, esta información no está alojada en la página web de la Comisión Europea.

La organización ecologista estudia las medidas legales que puede llevar a cabo, entre las que se encuentra la anulación de la autorización y la paralización de la misma (el período de aplicación de la autorización excepcional empieza el próximo 15 de febrero).