Unidas Podemos afea al PP su intento de “instrumentalizar” la reforma de la ‘Ley Mordaza’

La diputada provincial de Unidas Podemos por Granada (UPporGr) y secretaria de Acción Institucional y Municipalismo de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha criticado el intento del PP de “instrumentalizar” la reforma de la actual Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’, tratando de romper la “necesaria neutralidad de los cuerpos policiales que precisa un estado de derecho democrático”.

Así lo ha puesto de manifiesto Durán en el Pleno de diciembre de la Diputación de Granada, durante el que ha pedido “el compromiso de los demócratas” en la defensa de avances legislativos que garanticen “la protección y el ejercicio de los derechos y libertades públicas” ante los ataques que la modificación de la actual ley “está teniendo entre sectores contrarios a las recomendaciones europeas”.

La diputada provincial de Unidas Podemos ha señalado que “han sido numerosas las organizaciones e instituciones que trabajan para preservar los Derechos Humanos que han señalado la ‘Ley Mordaza’ como un notable retroceso en materia de derechos y libertades civiles”.

En este sentido, Durán ha recordado que Unidas Podemos lleva desde el año 2016 “impulsado la modificación de la ley para que nuestro país tenga una normativa de seguridad ciudadana acorde con los máximos estándares de calidad democrática y participación ciudadana”.

El principal objetivo de la reforma, ha explicado, pasa por construir “un marco legal y democrático avanzado en el que la salvaguarda de la seguridad ciudadana sea entendida como el más pleno disfrute de los derechos y de las libertades, blindando así los derechos fundamentales a la intimidad, libertad de expresión, información, reunión y manifestación”.

Además, la diputada ha señalado las nuevas modificaciones persiguen “adecuar las actuaciones policiales a las indicaciones, criterios y prevenciones recomendadas por el Consejo de Europa, la Comisión Europea y otras organizaciones internacionales para garantizar que las relaciones entre agentes de la autoridad y ciudadanía se rijan por los principios de confianza, servicio público, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad”.