Sindicat de Llogateres: «La moratoria de desahucios es rebajada en plena emergencia habitacional»
- El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un nuevo real decreto ley de ‘escudo social’ que incluye, entre otras cuestiones, la prórroga de la suspensión del procedimiento de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador es un gran tenedor o un ‘fondo buitre’ y del bono social energético hasta el 31 de diciembre de 2026.
- El PNV, que sí votó a favor del real decreto-ley ómnibus del pasado martes, ha negociado con el Ejecutivo un nuevo texto que incluye el bono energético, las ayudas por la dana, bonificaciones fiscales y la prórroga de la prohibición de los desahucios a familias vulnerables. Y en este último punto está la modificación con la que el Gobierno quiere atraer a Junts al acuerdo, al dejar fuera de este paraguas a los inquilinos de caseros con una o dos viviendas en alquiler.
Comunicado Sindicat de Llogateres
Barcelona, 3 de febrero de 2026.
Hoy el Gobierno del Estado ha aprobado un decreto que incluye la prórroga de la moratoria de desahucios para 2026, después de que el Congreso rechazara la semana pasada con los votos de Junts, PP y Vox el decreto que incorporaba las medidas del llamado escudo social.
La aprobación de la moratoria de desahucios junto al resto de medidas del escudo social no es fruto de la voluntad política del Gobierno, sino resultado directo de la presión social y de las movilizaciones de la semana anterior en más de diez ciudades como respuesta a la eliminación de la moratoria de desahucios. Sin embargo, la medida vuelve todavía más rebajada y no da solución real a las 60.000 familias vulnerables que están en riesgo de ser desahuciadas sin alternativa habitacional.
Una moratoria insuficiente que deja fuera a muchas familias
La moratoria aprobada hoy prorroga formalmente la suspensión de los desahucios, pero lo hace con un alcance limitado y más restrictivo. En primer lugar porque su aplicación requiere de un procedimiento burocrático prácticamente imposible que recae sobre las familias vulnerables, además de que su aceptación en última instancia depende de la discreción del juez, lo cual acaba dejando fuera a muchos hogares vulnerables. En segundo lugar, el nuevo decreto introduce excepciones y límites que facilitan que continúen los desahucios y que excluye de los supuestos de aplicación, por ejemplo, los casos en que la familia vulnerable viva en una vivienda cuyo propietario solo tenga una vivienda en alquiler.
En definitiva, el Gobierno en vez de centrarse en proteger a las familias en riesgo de desahucio mejora la ley para los arrendadores hacia quienes ya se prevén compensaciones. De hecho, en Cataluña, el 80% de compensaciones han sido solicitadas por empresas, cifra que demuestra que quién está detrás de la mayoría de los desahucios son los grandes propietarios y no los particulares.
Acabar con los desahucios de familias vulnerables y proteger a todos los hogares inquilinos
En el peor momento del mercado del alquiler, esta decisión supone un retroceso en materia de vivienda y una cesión clara a los intereses de los propietarios y del sector inmobiliario. La moratoria aprobada es, una vez más, un parche que no resuelve el problema de fondo. No frena la expulsión sistemática de inquilinas ni da respuesta a la realidad actual del alquiler.
Hoy, la emergencia habitacional no se expresa sólo en desahucios judiciales, sino en desahucios invisibles debidos a las subidas del alquiler o a las no renovaciones de contratos a las que se exponen cientos de miles de hogares inquilinos. Por eso es necesario prorrogar de forma obligatoria todos los contratos de alquiler, además de aprobar la reforma de la Ley de Arrendamientos prevista en el Congreso para regular los alquileres temporales y de habitaciones y acabar con las estafas inmobiliarias.
La única forma de acabar definitivamente con todos los desahucios es garantizar que la vivienda sea un derecho y no un negocio. Hace falta bajar los precios del alquiler, dar estabilidad a los inquilinos, recuperar las viviendas turísticas y vacías, sacar los pisos de las manos de los fondos buitre y grandes tenedores y poner fin a las cláusulas abusivas y las estafas inmobiliarias.
Moratoria de desahucios rebajada en plena emergencia habitacional.
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