El Plan Nacional de Restauración encalla entre la opacidad del Gobierno y el bloqueo autonómico
- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantiene un proceso participativo opaco y sin documentación técnica, lo que convierte la participación en simbólica y repite errores de otras políticas ambientales.
- Varias regiones cuestionan la norma europea y advierten que no la aplicarán, obstaculizando la elaboración de un plan común y ambicioso.
- Gobierno y comunidades tienen hasta agosto de 2026 para enviar el Plan Nacional de Restauración a la Comisión Europea y cumplir el reglamento europeo.

Ecologistas en Acción y Juventud por el Clima–Fridays for Future, entre otras organizaciones ecologistas, denuncian la falta de avances reales y la escasa ambición en la elaboración del Plan Nacional de Restauración, cuyo desarrollo corresponde al Gobierno y a las comunidades autónomas. El proceso, que debería sentar las bases de la aplicación del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, se está viendo lastrado por la opacidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la falta de compromiso de varias comunidades autónomas, que incluso amenazan con no aplicar la norma en sus territorios.
Según los colectivos, el proceso participativo impulsado por el MITECO se desarrolla bajo una dinámica cerrada y poco transparente, sin documentación técnica ni canales efectivos de participación. Las reuniones, explican, se limitan a exposiciones del ministerio, sin espacio para la deliberación ni para incorporar aportaciones externas. A ello se suma la actitud de diversas comunidades autónomas que, lejos de implicarse en la construcción del plan, han reclamado públicamente la derogación de la norma europea y bloquean los avances necesarios para su cumplimiento.
El malestar se hizo visible la semana pasada, cuando representantes de diferentes organizaciones acudieron a una mesa de trabajo del Plan y entregaron una carta al MITECO denunciando las deficiencias estructurales del proceso. En ella, reclaman una reformulación profunda de la gobernanza del plan, que garantice transparencia, colaboración interadministrativa y participación social efectiva.
El Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, en vigor desde agosto de 2024, establece objetivos jurídicamente vinculantes para recuperar ecosistemas degradados en Europa: restaurar al menos el 30 % de los hábitats en mal estado para 2030, recuperar la conectividad de ríos, revertir el declive de los polinizadores o mejorar los espacios verdes urbanos, entre otros. España tiene hasta agosto de 2026 para presentar a la Comisión Europea su Plan Nacional de Restauración, definiendo áreas, acciones, fuentes de financiación y mecanismos de seguimiento.
Sin embargo, el actual proceso no parece estar a la altura del reto. El Gobierno de España no ha generado las condiciones necesarias para una participación real y fundamentada, y las comunidades autónomas no están asumiendo su papel corresponsable en la definición de objetivos y acciones concretas en sus territorios. Este bloqueo institucional amenaza con convertir el plan en un trámite vacío, incapaz de responder a la emergencia ecológica.
Los colectivos reclaman la publicación de todas las actas, listados de participantes y documentación técnica de trabajo, la apertura de espacios reales de deliberación y la organización de talleres regionales que permitan un diálogo efectivo entre administraciones, comunidades científicas, actores locales y sociedad civil. Además, proponen la creación de una plataforma digital pública y permanente que garantice transparencia, seguimiento y rendición de cuentas.
“El éxito del Plan Nacional de Restauración depende tanto de sus objetivos como del proceso con que se construya”, subrayan las organizaciones firmantes. “Sin transparencia, sin cooperación entre administraciones y sin participación ciudadana, el plan corre el riesgo de perder legitimidad y convertirse en una oportunidad perdida. Restaurar la naturaleza exige también restaurar la forma en que se toman las decisiones”, concluyen los colectivos ecologistas.
