FACUA: «La Junta de Andalucía incumple sistemáticamente la Ley de Dependencia: una familia cordobesa denuncia 15 meses de espera sin respuesta»

FACUA Córdoba ha presentado una denuncia ante la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en la que pone de manifiesto el incumplimiento sistemático por parte de la Junta de Andalucía de los plazos legales establecidos en la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

María Rosa E. P., vecina de Córdoba capital, lleva esperando más de 15 meses una solicitud revisión del grado de dependencia y del Programa Individual de Atención (PIA), cuando el artículo 30 de la citada ley establece que el procedimiento debe resolverse en un plazo máximo de seis meses.

La afectada, una mujer de avanzada edad diagnosticada con Alzheimer, solicitó en julio de 2024 la revisión de su grado de dependencia —de nivel II (dependencia severa) a nivel III (gran dependencia)—, así como la modificación de su prestación, pasando de Centro de Día a Prestación Vinculada al Servicio, con el fin de poder costear una plaza en una residencia especializada.

Transcurridos quince meses, María Rosa todavía no ha recibido respuesta ni resolución alguna. A pesar de haber presentado varias reclamaciones formales, las contestaciones de la Administración autonómica se limitan a evasivas y a la confirmación de que los expedientes «están en cola».

Para FACUA Córdoba, este caso evidencia el colapso del sistema de atención a la dependencia en Andalucía, y lamenta que ningún responsable asuma las consecuencias de estos incumplimientos.

La asociación advierte además de que no se trata de un caso aislado. Diversas asociaciones de familiares y plataformas de personas dependientes llevan años alertando de los retrasos crónicos y la falta de recursos en la gestión de la dependencia. Sin embargo, la Junta de Andalucía continúa incumpliendo los plazos legales, dejando a miles de personas en situación de vulnerabilidad y a sus familias en un limbo administrativo.

Por último, FACUA Córdoba insiste en que este caso pretende visibilizar un problema estructural que afecta a todo el sistema de atención a la dependencia en la comunidad andaluza. La asociación recuerda que la ciudadanía no pide favores a la Administración, sino el cumplimiento de la ley vigente.