El Seafighter, un nuevo buque cargado con 170,000 toneladas de carbón para Israel, tiene previsto atracar en Gibraltar el próximo 1 de noviembre, atravesando aguas territoriales españolas

El próximo 1 de noviembre el Seafighter tiene prevista la entrada en el puerto de Gibraltar. Para acceder a Gibraltar, el buque tendrá necesariamente que navegar por aguas territoriales españolas. Según el art. 19 del convenio UNCLOS, se trata de un paso «no inocente» por aguas españolas, ya que el buque está violando normas imperativas o ayudando a Israel a cometer dichas violaciones (prohibición del apartheid y prevención y sanción del genocidio), por lo que las autoridades españolas están obligadas a impedir el acceso de este buque a nuestras aguas territoriales.

La propia Francesca Albanese, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967, recuerda en su último informe “Gaza Genocide: a collective crime”, que la Convención sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) permite a los Estados impedir el “paso no inocente” cuando el paso del buque no se realiza en conformidad con las normas del derecho internacional, y señala que podría convertir al Estado, en este caso el Estado Español, en cómplice de crímenes internacionales, violaciones de las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas o de normas imperativas.

El buque se encuentra actualmente en ruta por el Atlántico desde Sudáfrica, uno de los principales suministradores de carbón a Israel y es parte de la flota de la empresa griega Thenamaris, propietaria de muchos otros barcos que forman parte de la logística del genocidio. Como ya ha puesto en evidencia el caso de la imputación de los altos cargos de Sidenor, las empresas que sostienen al genocido tienen una responsabilidad directa en el mismo y sus representantes pueden ser perseguidos y condenados por ello.

El carbón, lejos de ser un combustible neutro o para uso civil, es un elemento necesario para alimentar los crímenes contra el pueblo palestino. Según el informe Powering Injustice de SOMO (Center for Research on Multinational Corporations), el carbón desempeña un papel clave en el sistema energético israelí y en su aparato militar. En 2023, el 17,5% de la electricidad de Israel se generó en plantas de carbón, y toda la energía producida por la red se distribuye a los asentamientos ilegales en Cisjordania y al ejército israelí.

No existe un uso “civil” del carbón exportado a Israel: toda la energía generada forma parte del mismo entramado de ocupación ilegal y represión.

Por todos estos motivos, desde la RESCOP y la Campaña por el Fin al Comercio de Armas exigimos al Gobierno que:

1. En aplicación de los artículos 19 y 25 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), deniegue el paso por aguas territoriales españolas a cualquier buque que transporte carbón con destino a Israel.

La Convención permite impedir el tránsito de embarcaciones cuyo paso no sea inocente, es decir, cuando su carga o actividad perjudica la paz, el buen orden o la seguridad internacional. Dado que el carbón suministrado a Israel alimenta la red eléctrica que sostiene los asentamientos ilegales y las operaciones militares responsables del genocidio contra el pueblo palestino, permitir su tránsito vulneraría el deber de no asistencia y prevención del genocidio al que España está jurídicamente obligada.

2. Se reformule el Real Decreto-ley para convertirlo en un embargo integral y sin excepciones a Israel, incorporando que el carbón y otros combustibles sean considerados de posible uso militar. El embargo debe incluir la compra, venta y tránsito, controles reales en puertos, aeropuertos y bases extranjeras, el fin de toda cooperación militar o de seguridad, y mecanismos de transparencia y verificación pública que garanticen que ninguna infraestructura española se utilice para abastecer al genocidio. 

Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.