Los pisos turísticos, un agujero negro para la seguridad ciudadana

Las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales, que en el caso de Madrid representan más del 95%, se han convertido en un peligroso agujero negro para la seguridad ciudadana. Y es que no solo tensionan los precios de la vivienda y generan problemas de convivencia vecinal (por ruidos y un uso abusivo de las zonas comunes) sino que hoy en día aparecen como lugares idóneos para la actividad delictiva de personas y bandas criminales. Su falta de control las convierte en espacios privilegiados para preparar y ejecutar acciones al margen de la ley. El asesinato de carácter mafioso de un hombre en un piso turístico del barrio de Rejas (San Blas-Canillejas) sucedido hace apenas quince días o la detención de parte de la llamada «banda del rolex», ladrones especializados en relojes de alta gama que usaban una VUT de la capital como base de operaciones, muestran con crudeza este problema.

Por eso, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) vuelve a pedir un mayor control de las personas que utilizan los pisos turísticos, que no es otra cosa que hacer que se cumpla la ley a la que están obligados todos los establecimientos de hospedaje respecto a sus clientes. Todo el mundo sabe que los propietarios de los hoteles, las pensiones, los alojamientos rurales, los campings y el resto de establecimientos de hospedaje, entre los que se encuentran las VUT, están obligados a notificar a la Policía Nacional la identidad de las personas que contratan sus servicios de alojamiento. Da igual que sea para un día, una semana o un mes.

Sin embargo, con toda probabilidad muchos de los dueños de los pisos turísticos que funcionan sin licencia hacen caso omiso de esta obligación que recoge el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. En su exposición de motivos, citando la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, esa norma deja claro que tiene como objeto principal «la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana».

Apelando precisamente a esta tranquilidad ciudadana, la FRAVM envió el pasado mes de julio a la Delegación del Gobierno en Madrid un listado de 31 pisos turísticos supuestamente ilegales con el fin de que comprobase si sus propietarios cumplían el citado real decreto y la Ley de Seguridad Ciudadana. Se trata de una pequeña muestra que podría servir de base de una campaña de controles más amplia en la que también debería colaborar el Ayuntamiento de Madrid, que es la administración encargada de aplicar las normas de disciplina urbanística y licencias. De hecho, el problema securitario que denunciamos no tendría lugar si el Consistorio hubiera procedido a cerrar de una vez por todas los más de 15.000 pisos turísticos ilegales que se calcula que existen en la ciudad.

Lamentablemente, la Delegación del Gobierno no ha dado aún respuesta a la demanda de la FRAVM, que volverá a insistir en ella en una reunión que sus responsables mantendrán el próximo lunes 27 de octubre con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Por ende, el problema de la seguridad en torno a los pisos turísticos volverá a salir mañana viernes en la reunión del Consejo Local de la Seguridad de Madrid, que contará con la participación del presidente de la Federación Vecinal, Jorge Nacarino. Desde 2017, la FRAVM recuerda en cada cita del Consejo Local de Seguridad esta grieta en el sistema de seguridad ciudadana.

Ya es hora de que todas las administraciones con competencias en su regulación y control actúen de manera coordinada para poner fin a los múltiples problemas que generan los pisos turísticos, cuya expansión descontrolada denunciamos desde hace ya ocho largos años.