Antonio Maíllo detalla la propuesta de IU de aumentar el techo de gasto un 32%, hasta los 257.000 millones, y “estar a la altura de las necesidades sociales” con los Presupuestos para 2026

Lunes, 20 de octubre 2025.

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha planteado hoy en nombre de esta formación un aumento del 32% en el techo de gasto para los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, hasta alcanzar los 257.000 millones de euros (en concreto 256.993 millones), lo que supone un incremento de 62.000 millones y llegar hasta el 15,8% del Producto Interior Bruto (PIB) “Queremos un techo de gasto que esté a la altura de las necesidades sociales de nuestro país”, sintetizó.

Maíllo ha desgranado en una rueda de prensa presencial y telemática desde Sevilla la propuesta que IU traslada al Gobierno de coalición y que se recoge en el documento ‘Escenario Presupuestario para 2026’ hecho público. Destacó de cara a la cifra final que el Ejecutivo debe presentar en los próximos días para su aprobación en el Congreso, como primer paso para sacar adelante unos PGE tras más de dos años sin cuentas públicas actualizadas, que nos estamos hablando de “una decisión técnica, ni una decisión contable, sino una decisión de profundo calado político”.

“En la definición de qué techo de gasto queremos también está el objetivo de los PGE y de la seguridad para la sociedad española”, ha señalado, al tiempo que advirtió que esa misma seguridad “se consigue con un derecho a la vivienda asequible, con una garantía de blindaje de servicios públicos como Sanidad, Educación y Servicios Sociales, o con una mejora de las pensiones no contributivas, por poner algunos ejemplos”.

El máximo responsable de IU detalló que, precisamente, el 40% de esta ampliación presupuestaria (24.396 millones) se destinaría a “inversión en vivienda: para un plan de vivienda pública, de creación de un parque público de vivienda y de proyección de alquileres asequibles para la población necesitada, para la clase trabajadora española”.

Maíllo opuso esa “seguridad” que deben dar las cuentas públicas, dedicándolas a lo realmente necesario, “frente a los que consideran que la seguridad la dan las armas; creo que ahí está la clave del debate presupuestario que se va a dar”.

Añadió que el aumento propuesto “es absolutamente posible”, aunque añadió que “es verdad que necesita de una reforma fiscal, pero que puede ir acompañada e integrada dentro de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que se aprueben”.

El coordinador federal de IU, una de las principales fuerzas de la coalición Sumar surgida de las elecciones generales de 2023, indicó también que “evidentemente, es necesario para cumplir los acuerdos de investidura que se plantearon desde las dos partes de Gobierno”.

“Es decir -completó la idea-, si queremos cumplir con los objetivos del pacto de investidura tenemos que hacer unos PGE ambiciosos, que permitan su cumplimiento, en los que podrían ser los únicos de toda la legislatura. Sin lugar a dudas, si se aprueba, va a ser el Presupuesto que haya hasta las elecciones de 2027”.

Antonio Maíllo siguió desgranando la propuesta e indicó que el 26% del incremento de gasto planteado -16.264 millones de euros-, “será para el nuevo Plan de Empleo Garantizado”, un plan “con fines de restauración rural, protección medioambiental, prevención de incendios”. Es decir, un dinero que “junto a las inversiones ferroviarias”, va dirigido a “expansión y equilibrio territorial que fije población joven en los territorios en el ámbito rural y reactive el despoblamiento”.

Presupuestos expansivos para que la gente los note en su vida diaria

Otro 20% del incremento del techo de gasto -12.198 millones-, sería para “incrementar la inversión en derechos sociales, la erradicación de la pobreza infantil, la reactivación y actualización del Ingreso Mínimo Vital, así como el blindaje de Educación y Sanidad”.

El resto hasta completar el 100×100 del aumento planteado se destinaría a potenciar los recursos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos (un 8% y un 3% más, respectivamente), con un 2% adicional para aumentar las transferencias a la Seguridad Social para las pensiones no contributivas (unos 1.500 millones de euros), además de un 1% para incrementar el salario de los funcionarios.

Maíllo reconoció que “estamos hablando de unos porcentajes inéditos, absolutamente expansivos, en un contexto macroeconómico que tiene buenas noticias para España, pero que tiene que traducirse en mejoras materiales”.

A su juicio, “ahora mismo existe un divorcio entre la buena evaluación que tienen los datos macroeconómicos y la percepción de la sociedad española de que esos datos no se traducen ni en mejoras de salarios, ni en mejores prestaciones, ni en mejora de condiciones materiales como puede ser la de la vivienda”.

De ahí que haya valorado que “es importante esta evolución porque, aunque ha habido una subida más o menos significativa en la cantidad en términos absolutos, no ha sido así en la progresividad de los porcentajes del PIB. Creemos que este incremento es el que debe determinar el verdadero estado de salud de lo que significa el impacto de unos presupuestos en la economía de nuestro país”.