CGT consigue que el TSJA obligue a aplicar el convenio municipal de Coín al personal del SAD tras humillar a sindicatos “títere”

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), sala de Málaga, ha ratificado una sentencia favorable a la CGT y condena al Ayuntamiento de Coín y a los sindicatos UGT y CCOO, que habían impulsado un acuerdo discriminatorio. De esta forma, las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) recuperan el derecho a que se les aplique el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Coín, corrigiendo años de precariedad y discriminación laboral en un sector mayoritariamente feminizado.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), sala de Málaga, ha ratificado una sentencia favorable a la CGT y condena al Ayuntamiento de Coín y a los sindicatos UGT y CCOO, que habían impulsado un acuerdo discriminatorio. De esta forma, las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) recuperan el derecho a que se les aplique el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Coín, corrigiendo años de precariedad y discriminación laboral en un sector mayoritariamente feminizado.

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En un fallo contundente, la Sentencia nº 1383/2025 dictada por el TSJA sala de Málaga (septiembre de 2025) ratifica íntegramente la resolución del Juzgado de lo Social Nº 4 de Málaga en el conflicto colectivo interpuesto por CGT (expediente 720/22). Con ello, se declara que el convenio del personal laboral municipal de Coín es aplicable a todas las personas que prestan servicios de ayuda a domicilio, incluyendo auxiliares de geriatría, personal técnico, trabajadores sociales y orientadores.

El conflicto se remonta al 26 de julio de 2022, cuando CGT presentó la demanda reclamando que estas profesionales fueran incluidas formalmente bajo el convenio municipal, denunciando la situación de discriminación hacia un colectivo tradicionalmente precarizado y feminizado.

Según el sindicato, UGT y CCOO actuaron como “mamporreros” del Ayuntamiento al firmar en la mesa general del Consistorio —el 4 de enero de 2022— un acuerdo sin competencia legal que favorecía la exclusión de las trabajadoras del SAD. Posteriormente, incluso UGT recurrió ante el TSJA para mantener esa discriminación, con la adhesión del Ayuntamiento, lo que agrava aún más la responsabilidad de las partes implicadas. 

Desde CGT celebran que se haga justicia con un colectivo infravalorado por la Administración. Ahora, si no se presenta un nuevo recurso, debe iniciarse el proceso de resarcimiento a la plantilla del SAD de Coín con todas las diferencias salariales y laborales acumuladas desde julio de 2021 hasta la plena ejecución de esta sentencia. El sindicato se compromete a vigilancia estricta de las nóminas y a reclamar lo que proceda si el gobierno municipal intenta nuevamente vulnerar derechos.

Además, CGT anuncia que estudia acciones legales individuales contra quienes, participando en la mesa de negociación (funcionarios y laborales), firmaron el acuerdo discriminatorio. El objetivo es responsabilizarles por el daño moral y profesional ocasionado y fijar un precedente que disuada futuras maniobras de exclusión salarial. 

Para el sindicato, esta victoria también pone en evidencia la connivencia entre administración local y sindicatos complacientes. La sentencia “saca las vergüenzas sindicales”, pues demuestra que dichos acuerdos carecían de fundamento legal y fueron firmados con consecuencias negativas para un colectivo vulnerable.

La CGT insta al Ayuntamiento de Coín, al gobierno municipal y a los sindicatos que han colaborado en esta discriminación a asumir sus responsabilidades. Exige que se dé cumplimiento inmediato al fallo, se paguen las cantidades debidas y se garanticen condiciones laborales dignas e iguales para quienes cuidan a personas mayores y con discapacidad en el término municipal.

Este caso puede marcar un referente para otros municipios donde los servicios de atención domiciliaria permanecen en la sombra normativa, sometidos a convenios parciales o exclusiones ilegales. CGT reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales y su intención de contribuir a erradicar la precariedad estructural de un sector esencial para el bienestar social.