Organizaciones interponen demanda colectiva contra NMBS por adjudicación a CAF, acusada de financiar asentamientos en Palestina

Varias ONG internacionales han presentado una demanda ante el Consejo de Estado belga para impugnar la adjudicación por parte de la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Bélgica (NMBS) de un contrato multimillonario a la empresa española CAF, a la cual se acusa de estar implicada en la expansión de asentamientos israelíes y violaciones de derechos humanos. Las organizaciones exigen que se excluya a CAF y que las licitaciones públicas incluyan criterios estrictos de responsabilidad social y cumplimiento internacional.

En una acción jurídica coordinada, 11.11.11, junto con las organizaciones Intal Globalize Solidarity, Vrede vzw y Al Haq Europe, presentó una demanda formal ante el Consejo de Estado belga para impugnar la decisión de NMBS de adjudicar un contrato a CAF para la adquisición de más de 600 trenes nuevos por un valor estimado superior a 3.000 millones de euros.

Según las ONG demandantes, esta adjudicación es ilegitima e inapropiada dado que CAF participa activamente en proyectos que legitiman la ocupación israelí en territorios palestinos, como el proyecto del tranvía en Jerusalén, que conecta asentamientos considerados ilegales con áreas de control israelí.

Según el escrito presentado, la decisión de la compañía belga “ignora de manera deliberada la implicación de CAF en graves violaciones del derecho internacional” y constituye un acto contrario a las obligaciones éticas y legales de una empresa pública

Acusaciones principales contra CAF

Las organizaciones denunciantes sostienen que CAF contribuye directamente a la expansión de asentamientos ilegales, lo que implicaría una forma de colaboración con políticas de ocupación, consideradas por algunos expertos como prácticas de apartheid y anexión.

En un informe reciente, la relatora especial de la ONU Francesca Albanese identificó a CAF entre las empresas que se benefician de “políticas israelíes de ocupación, apartheid y genocidio”. En correspondencia dirigida a NMBS, la relatora instó a que CAF sea excluida de futuras licitaciones públicas. 

No obstante, la dirección de NMBS mantuvo su decisión final de adjudicar el contrato a CAF durante julio de 2025, a pesar de las advertencias de las organizaciones de derechos humanos y de una decisión previa del Consejo de Estado que suspendió una adjudicación anterior.

Antecedentes del contrato

El contrato, denominado AM30, prevé la adquisición de unidades múltiples eléctricas y de batería durante un período de 12 años, con capacidad para más de 170.000 plazas. Se trata de una licitación estratégica, valorada en unos 3.000 millones de euros, que tras varias rondas quedó reducida a tres ofertantes: CAF, Alstom y Siemens

En abril de 2025, el Consejo de Estado ya había suspendido una primera designación de CAF debido a falta de transparencia en la evaluación. Sin embargo, apenas tres meses después, NMBS volvió a confirmar a la empresa española, lo que ha provocado esta nueva ola de impugnaciones.

Argumentos legales y éticos de la demanda

Los demandantes afirman que una entidad pública como NMBS tiene la obligación de adaptar sus procesos de licitación para garantizar el cumplimiento del derecho internacional y los derechos humanos. Apuntar a una empresa acusada de estar involucrada en crímenes de guerra o desplazamientos forzados como CAF, sostienen, va en contra del principio de responsabilidad social del Estado. 

Willem Staes, portavoz de 11.11.11, declaró:

“Es inaceptable que una institución estatal utilice fondos públicos para respaldar una empresa implicada en graves violaciones del derecho internacional. Solicitamos que se excluya a CAF y que NMBS reformule sus procedimientos para que los derechos humanos sean un criterio vinculante en todas las licitaciones.” 

Por su parte, Ludo De Brabander (Vrede vzw) criticó la decisión en un contexto humanitario, señalando que mientras la población de Gaza sufre bajo bombardeos y bloqueos, resulta “asombroso” que NMBS proceda con este contrato.

El núcleo de la demanda se centra en la participación de CAF en el tranvía de Jerusalén (Jerusalem Light Rail, JLR), proyecto que conecta diversos asentamientos ilegales en Jerusalén Este ocupado con áreas bajo control israelí. Según el escrito, este proyecto constituye un “crimen de guerra” al facilitar el traslado de población israelí a territorio ocupado y contribuir al desplazamiento forzoso de palestinos

La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, señaló recientemente que CAF, junto con otras empresas, “refuerza la anexión ilegal de Jerusalén Este y normaliza la ocupación”, instando expresamente a las autoridades belgas a excluir a la compañía de licitaciones públicas.

Además, países como Noruega ya han retirado a CAF de proyectos y fondos de inversión por su papel en la expansión de los asentamientos. En España, Amnistía Internacional publicó en 2023 un informe titulado “El Tren Ligero de Jerusalén de CAF: próxima parada, el apartheid”, denunciando los beneficios empresariales de la compañía a costa de la población palestina.

Importancia del litigio y repercusiones esperadas

Si esta demanda prospera, podría abrir un precedente legal poderoso: se establecería que las empresas públicas no pueden adjudicar contratos a compañías cuyos negocios impliquen violaciones de derechos humanos, incluso si estas empresas cumplen criterios técnicos convencionales.

Las ONG demandantes esperan que, de prosperar el caso, NMBS sea obligada a retirar la adjudicación a CAF y repensar sus políticas de contratación pública, incorporando cláusulas de exclusión para empresas implicadas en actividades controvertidas. 

Hasta el momento, CAF no ha emitido una reacción pública a esta demanda, y NMBS aún no ha respondido con detalles a las organizaciones demandantes sobre si reconsiderará su elección o ajustará sus criterios de licitación. El escrito de las ONG subraya que NMBS tenía pleno conocimiento de la controversia en torno a CAF, al haber recibido cartas, informes y protestas ciudadanas en los meses previos a la adjudicación. Aun así, decidió continuar con el procedimiento.

En una carta dirigida al ministro belga de Movilidad, Jean-Luc Crucke, decenas de académicos recordaron que Bélgica, como Estado miembro de la UE, está obligada a no reconocer ni apoyar situaciones derivadas de la ocupación ilegal, conforme al dictamen de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024

El contexto más amplio

Esta demanda no es aislada. Diversas organizaciones de derechos humanos han intensificado en los últimos años los llamados a responsabilidad corporativa sobre empresas que operan en territorios ocupados. Las denuncias apuntan a que proyectos de infraestructura (vías, transporte, telecomunicaciones) pueden facilitar la consolidación de ocupación y desplazamiento.

Para las ONG demandantes, buscar justicia legal por esta vía es un paso clave para limitar la impunidad corporativa y fortalecer mecanismos que obliguen a los Estados y entidades públicas a evaluar no solo la viabilidad técnica y económica de un contrato, sino su impacto ético y social.

Las organizaciones advierten de que, de mantenerse el contrato, el Estado belga se arriesga a una pérdida de credibilidad internacional y a ser percibido como cómplice de políticas de apartheid y anexión.