APDHA muestra su apoyo a los jóvenes sevillanos que se enfrentan a una causa judicial por denunciar públicamente el genocidio en Gaza

La delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha trasladado «su más firme rechazo» a la investigación judicial abierta contra el secretario general del Sindicato de Estudiantes de Sevilla y contra otro activista, a quienes se pretende criminalizar por su activismo en defensa del pueblo palestino y por denunciar públicamente el genocidio en Gaza.

La APDHA se suma y llama a participar en la concentración convocada para este próximo lunes 26 de mayo a las 10:00 horas frente a los Juzgados del Prado de San Sebastián como muestra de solidaridad con los jóvenes investigados y en defensa del derecho a la protesta y a la libertad de expresión.

«Desde nuestra entidad enviamos un mensaje de apoyo y respaldo a los dos activistas, así como a todo el movimiento estudiantil que, ante la pasividad de gobiernos y demás instituciones, ha decidido alzar la voz frente al horror que vive el pueblo palestino, especialmente en la Franja de Gaza», han apuntado en un comunicado.

«Rechazamos rotundamente el uso de mecanismos judiciales como forma de represión, que se suman a otras formas de violencia sufridas en acciones pacíficas recientes en el recinto universitario y en las calles de nuestra ciudad. La Universidad debe ser un espacio de pensamiento crítico, debate y libertad de expresión, nunca un lugar donde se persiga a quienes ejercen de manera legítima su derecho a la protesta pacífica», han añadido.

La delegación de Sevilla de la APDHA considera especialmente grave la coincidencia entre la apertura de la investigación por supuestos daños materiales a un cajero del BBVA y la visible participación pública de estos jóvenes en actos de denuncia del genocidio en Gaza. Resulta evidente que las grandes corporaciones y actores económicos internacionales implicados en negocios con el régimen israelí no toleran el más mínimo cuestionamiento, mucho menos cuando este procede de la ciudadanía organizada.

Según la entidad, la criminalización de quienes se movilizan contra esta barbarie no es sólo un intento de silenciar voces disidentes, sino también un mensaje de intimidación dirigido al conjunto de la juventud comprometida con los derechos humanos. Hoy son estos dos jóvenes; mañana pueden ser muchos más.

«Advertimos con claridad: en cada denuncia por nuestras protestas pacíficas, los derechos y libertades de todos y todas están en juego», han concluido.