Concentración contra la criminalización de la protesta: Cuatro activistas multados por denunciar el genocidio de Israel contra Gaza en Córdoba
- El pasado 26 de marzo un grupo de activistas sufrieron sanciones por protestar en los jardines de Orive de Córdoba frente al foro “Desafíos de la defensa”, que celebraba su segunda edición en la ciudad patrocinado por el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía e Indra. En el evento participaba la empresa armamentística instalada a las afueras de la ciudad Escribano M&E, filial de la compañía israelí Elbit System. Tres de ellos forman parte del colectivo Juventud Córdoba por Palestina, y han recibido multas con un monto total de 2.400 euros, 601 euros por persona, por el momento.
- El colectivo Juventud Córdoba por Palestina defiende los derechos de la población palestina y denuncia el genocidio que está perpetrando Israel, colocando el foco tanto a nivel local como nacional y entendiendo que las instituciones también son responsables. El grupo surgió en mayo de 2024, a raíz de un encierro en la facultad de Filosofía y Letras en el marco del movimiento nacional universitario de acampadas pro-palestina, para protestar por las relaciones que mantiene la Universidad de Córdoba con numerosas empresas que financian a Israel o sus empresas armamentísticas. Como otras acampadas, se señala a los responsables últimos que financian las masacres: en este caso el Banco Santander o Escribano M&E.

El acto reivindicativo se desarrolló el pasado 26 de marzo en los jardines de Orive de Córdoba. Allí, los activistas protestaban contra el foro bélico “Desafíos de la defensa” que celebraba su segunda edición en la ciudad patrocinado por el Ayuntamiento cordobés (en manos del PP), la Junta de Andalucía e Indra, y en el que participaba la empresa armamentística instalada a las afueras de la ciudad Escribano M&E, de la compañía israelí Elbit System.
Antecedentes
Los manifestantes sancionados explicaron que ningún momento desobedecieron las normas que impusieron los agentes de las fuerzas de seguridad. Relatan que ni accedieron al recinto cerrado, ni incumplieron las órdenes claras, directas y reiteradas que les prohibían ubicarse en la vía pública; «Estuvimos en todo momento fuera del lugar en que se celebraba la reunión institucional objeto de protesta, ejerciendo nuestro derecho a manifestarnos pacíficamente junto con otras personas. La protesta en la que participabamos tenía un carácter cívico y altruista, y se desarrollaba en ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de reunión pacífica y sin armas» (derechos garantizados por la CE en sus artículos 20 y 21 respectivamente).
Ante la celebración de un foro institucional con participación de entidades denunciadas por su colaboración con la industria militar israelí, considerada responsable de acciones de genocidio en Gaza (Palestina), la manifestación buscaba visibilizar la denuncia por el asesinato de más de 60.000 personas, en su mayoría niños y población civil, y poner de relieve la responsabilidad indirecta de quienes respaldan o normalizan dicha industria. La actuación de los multados, por tanto, no respondió a ningún interés personal ni perturbador, sino a una motivación ética y humanitaria, ejercida desde la no violencia y el respeto a los derechos de terceros.
A pesar de todo lo descrito, cinco de las personas presentes fueron identificadas por la policía y estos días están llegando las primeras resoluciones de sanción por importe de 601 euros por persona.
Las sanciones tramitadas por la Subdelegación del Gobierno son consecuencia de la aplicación de la la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza aprobada por el Congreso de los Diputados en marzo de 2015 (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana), reforma legislativa que el PSOE se ha comprometido a derogar reiteradamente sin haber dado ningún paso en ese sentido hasta la fecha. Esta inhibición del PSOE es la que ha permitido que las activistas de las iniciativas convocantes hayan sido sancionadas de forma absolutamente arbitraria, pues una de las características de esta ley es la de dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de una alta discrecionalidad a la hora de sancionar infracciones previstas en la ley.

Concentración frente a la Sede del PSOE
En la concentración celebrada en la tarde de ayer, 22 de mayo, se reclamó la anulación de las sanciones impuestas a los y las activistas de las iniciativas convocantes cuando el pasado día 26 de marzo se concentraron en los accesos a los jardines de Orive para expresar de forma pacífica el rechazo de dichas iniciativas al desarrollo en Córdoba de un encuentro que reunía a destacados líderes institucionales, de la industria y de la tecnología en armamento militar.
Se denunció -además- la presencia en Córdoba de empresas españolas que trabajan en consorcio con empresas de la industria militar israelí cómplices del genocidio que el estado sionista de Israel está cometiendo impunemente contra el pueblo palestino. Los manifestantes dejaron así constancia de su rechazo a la escalada armamentística en Europa y al incremento de gastos militares subrayando la exigencia del fin del genocidio y la decidida apuesta por la resolución pacífica de los conflictos y la aplicación de los gastos militares para gastos sociales.

Las personas allí movilizadas exigieron al socio mayoritario en el Gobierno de España el fin de la criminalización de la solidaridad con Palestina y la derogación de la reforma legislativa indicada conocida como Ley Mordaza a la que solo se le han dado algunos retoques cosméticos recientemente.
En la web del PSOE aún puede leerse sobre la citada ley vigente que «es una vuelta al Estado policial que instaura, además, el “Derecho Administrativo Sancionador del enemigo”; y que «su objetivo es sancionar al disidente, al que protesta, al considerar que quien protesta altera, no la seguridad, sino la “tranquilidad pública”, que por otra parte es un valor sin concreción constitucional”.

La Base Logística del Ejército de Tierra que se ubicará en Córdoba
Estos cuatro activistas sancionados son los últimos de una larga lista en la capital andaluza. ¿Su delito? Protestar contra el crecimiento del presupuesto militar a escala nacional y oponerse a la implantación de la Base Logística del Ejército de Tierra en Rabanales 21, un parque tecnológico física y corporativamente ligado a la Universidad de Córdoba. Se prevé que dicha infraestructura estará operativa en 2027, y esto supondrá la llegada de empresas de armas como Escribano M&E y Santa Bárbara.
Al Ayto. gobernado por el PP corresponde la responsabilidad de vender un terreno de 23.000 metros cuadrados y una nave de 10.000 para estos fines, además de cuatro parcelas más a petición de esta empresa que colabora con el genocidio. El consistorio lo hace contra el Plan General de Urbanismo vigente en Córdoba, que prohíbe la actividad de este tipo de empresas cerca de zonas urbanas.

MANIFIESTO
Como ya sabéis, hoy estamos aquí porque cuatro activistas han sido represaliadas, con multas de 600 euros cada una, por denunciar a los cómplices del genocidio.
Esta represión se hace posible gracias a la Ley Mordaza; una ley que atenta contra nuestros derechos fundamentales, y que le otorga aún más impunidad al poder policial para socavar el poder popular de los movimientos disidentes. Las falsas promesas electoralistas del «gobierno más progresista de la historia» que iba a derogar la Ley Mordaza han quedado en papel mojado, como ya podemos comprobar.
Nuestro caso no es en absoluto excepcional, sino que forma parte de un aumento represivo contra el movimiento propalestina a nivel global tras el 7 de Octubre. Un movimiento que ya cuenta con numerosas presas políticas, como es el caso de las 18 de Filton en Reino Unido, a quienes se les aplicaron leyes antiterroristas a causa de su activismo anticolonial. Tampoco nos faltan ejemplos en el Estado español: peticiones de prisión y deportación para estudiantes de la Complutense de Madrid, 60.000 euros de multa a Indar Gorri por tuitear contra el sionismo, 9 detenidas en Santiago de Compostela sin dar explicación… Y por supuesto, no podríamos olvidarnos de nuestras hermanas palestinas que resisten a la barbarie, que sufren el secuestro y las más atroces torturas por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, por el mero hecho de no resignarse a que su pueblo sea aniquilado a manos del sionismo.
Nuestro gobierno no solo se mantiene impasible ante un genocidio en marcha, sino que además persigue y castiga activamente a quienes nos solidarizamos con el pueblo palestino y exigimos que se ponga fin a la masacre. Nos toman el pelo con gestos vacíos y apoyo simbólico, mintiendo descaradamente al decir que no se comercian armas con Israel, pero bien sabemos que la realidad es otra. El embargo de armas podría haberse decretado hace tiempo, pero tal es su crueldad, que han preferido mirar hacia otro lado mientras que miles de niñas eran asesinadas. Por eso ya no nos confunden sus cantos de sirena, por eso ya no esperamos a que las instituciones den una solución. Por eso, tenemos más clara que nunca la necesidad de acabar con las fábricas de genocidio por nuestros propios medios, y expulsar al sionismo de nuestra ciudad.
Frente a su represión, nuestra solidaridad y auto-organización. Por el cierre total de la fábrica de armas Escribano, por la liberación del pueblo palestino hasta el fin de toda violencia colonial: ¡Viva Palestina Libre!