Honduras. Ocho meses exigiendo justicia para Juan

El pasado 14 de mayo se cumplieron ocho meses del vil asesinato del defensor de la tierra y los bienes comunes Juan López. Integrante del Comité Municipal en defensa de los bienes comunes y públicos de Tocoa, López estuvo luchando contra políticas y proyectos extractivistas, especialmente contra el megaproyecto minero que amenaza el parque nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escalera”.

Los holdings que administran Inversiones Los Pinares (Grupo EMCO/Inversiones Ecotek), titular del proyecto, son controlados por Lenir Pérez Solís y Ana Facussé Madrid, hija del tristemente famoso y ya fallecido terrateniente palmero Miguel Facussé Barjum.

La expansión del monocultivo de palma africana en el Bajo Aguán ha desatado un largo conflicto agrario, que ha dejado un saldo de decenas de campesinos organizados asesinados y la militarización del territorio durante los años post golpe cívico-militar (2009).

Por defender el parque nacional Montaña de Botaderos y las fuentes de agua que abastecen ciudades y comunidades, al menos 32 personas fueron requeridas fiscalmente a lo largo de los años.

López sufrió repetidas amenazas, un hostigamiento sistemático y una descarada embestida judicial que hasta lo llevó a la cárcel durante varios meses.

Su asesinato no puede, entonces, ser considerado como un acto criminal aislado, sino el epílogo más brutal de un proceso de constante persecución, en un entorno de crecientes ataques contra quienes han venido denunciando graves daños ambientales, irregularidades, actos de corrupción y falsificación de documentos públicos.

¿Quién ordenó el asesinato?

Actualmente, hay tres personas detenidas acusadas de ser los ejecutores materiales del asesinato. Otras 13 personas, entre trabajadores de la empresa y funcionarios públicos, están siendo señaladas por delitos ambientales relacionados con el megaproyecto minero.

Recientemente, por los delitos de explotación ilegal de recursos naturales y daños ambientales agravados, un juez dictó auto de formal procesamiento contra el representante legal y los directores de medio ambiente y de minas de Inversiones Los Pinares.

Por el mismo caso está acusado Lenir Pérez, titular de la empresa, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Sin embargo, no se conocen aún avances en cuanto a la detección y captura de los autores intelectuales del asesinato de López.

“Condenamos la impunidad que prevalece a los ocho meses del asesinato de nuestro compañero, lo cual pone en alto riesgo a las personas defensoras y a las comunidades que defienden el territorio destruido per la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecotek”, advierte un comunicado del Comité Municipal.

La organización exige también al Ministerio Público enfocar sus esfuerzos en la investigación de los que orquestaron y financiaron el crimen, al tiempo que pide a la presidenta Xiomara Castro la cancelación definitiva del proyecto minero y de la termoeléctrica que se instalaron en el parque nacional.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades para que aseguren la protección necesaria y efectiva para las personas defensoras, las comunidades y las organizaciones sociales y populares comprometidas con esta causa.

“Estamos avanzando, pero no habrá justicia ambiental mientras no se cierre definitivamente este proyecto y el Estado no retome el control del parque nacional.

Tampoco habrá justicia para Juan y su familia mientras no se llegue a los autores intelectuales y a todo el entramado que le quitó la vida a Juan (López)”, aseguró Rita Romero, abogada del Comité Municipal.

 Fuente: Rel UITA