Más de 30 municipios aprueban una moción contra los decretos del Govern Valencià que vulneran su autonomía en materia de ordenación urbana y EERR

El pasado mas de febrero, la Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables, presentó a todos los ayuntamientos del territorio valenciano, una propuesta de moción relacionada con el Decreto Ley 14/2020 de 7 de agosto, el Decreto Ley 1/2022 de 22 de abril y la Ley 6/2024 de 5 de diciembre, de la Generalitat, de simplificación administrativa. La propuesta, que se tenía que presentar en el orden del día de los diferentes plenos municipales a efectos de su aprobación, se acompañaba de un argumentario por el cual se tendrían que derogar los artículos que vulneran la autonomía municipal en materia de ordenación del territorio, en concreto, del suelo no urbanizable común y protegido.

Desde el inicio de la campaña ya son más de 30 el municipios que la han aprobado a los plenos municipales. Más allá del color del partido de gobierno hay municipios, tanto del PP como del PSPV, que ven coherente la defensa de sus términos municipales y de conservar la capacidad de decisión en la ordenación sobre el suelo no urbanizable que les otorga la autonomía municipal. Muchos de ellos la han aprobado por unanimidad. En la lista encontramos municipios como Elda, Onil, Biar, Salinas o Villena en las comarcas de Alicante; Caudiel, Viver, Vall d’Alba, les Coves de Vinromà, Morella o Cinctorres en las comarcas de Castelló; y l’Alcúdia de Crespins, Moixent, Cheste, Montserrat o Turís en las comarcas de València.

Los últimos decretos y la nueva ley que ordena la instalación de proyectos de energías renovables fuerzan a los ayuntamiento a dar la compatibilidad urbanística a la vez que les prohíben herramientas básicas de ordenación como la suspensión de licencias.

Los artículos a los que hace referencia la moción son aquellos que fuerzan en los ayuntamientos a dar la compatibilidad urbanística a los proyectos que presentan las promotoras diga lo que diga el plan general de ordenación urbana (PGOU) cuando introducen redactados como estos: “Únicamente habrá incompatibilidad cuando así lo prohíba expresamente el planeamiento urbanístico o territorial”, cosa que no pasa prácticamente en ningún PGOU, puesto que estos habilitan los usos correspondientes y prohíben el resto sin especificación concreta.

La moción también hace referencia a las continúas modificaciones de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, llegando a prohibir la suspensión de licencias urbanísticas, una herramienta utilizada por los ayuntamientos para poder ordenar su plan general con el fin de regular, en sus normas urbanísticas, donde tienen que instalarse las plantas de renovables y con qué dimensiones. De igual forma denuncia el aumento continuo de la superficie total a ocupar en el término municipal por proyectos de renovables, llegando hasta el 10% de la suma del suelo no urbanizable común y el suelo no urbanizable protegido.

Los municipios piden la revisión del PATRICOVA y de los proyectos en terrenos afectados por la DANA después de la tragedia.

Ante las consecuencias de la última DANA, se pide una revisión del PATRICOVA para adaptarlo a la nueva realidad, para prohibir instalaciones de producción o almacenamiento de energía en zonas inundables o con generación de riesgos por escorrentía, empezando para revisar aquellos proyectos que están en tramitación y se sitúan en estas nuevas zonas de riesgo y en terrenos afectados por la DANA.

Como por ejemplo los llamados Torrentenergy 1, 2, 3 y 4, cuatro proyectos de tramitación autonómica que suman una gran planta fotovoltaica de 200 MW y que ocupará 500 hectáreas, proyectada en las localidades de Montserrat, Turís, Chiva y Godelleta, en terrenos afectados por la DANA y donde las aguas de escorrentía van a parar al barranco de l’Horteta, identificado como uno de los orígenes de la barrancada para encontrarse en la cabecera del barranco del Poyo. La nueva ley, que facilita la instalación de nuevas centrales, así como la autorización ambiental favorable de los proyectos nombrados, llegó pocos días después de la tragedia, a pesar de las críticas municipales y vecinales.

La Coordinadora valenciana aún continúa haciendo seguimiento de los municipios que han confirmado la presentación en futuros plenos municipales, confiando que prevalecerá el sentido común en una decisión tan importante, tanto para el territorio como para su gente.